Los hermanos Llamas, números uno y dos de ADIF Alta Velocidad, se evaporan tras Adamuz
Críticas internas a la nula presencia de Luis y Juan José Llamas después del descarrilamiento en Córdoba
Vías de tren. | Europa Press
El accidente de Adamuz (Córdoba) pone el foco en los directivos de la empresa pública ADIF, y hay dos de ellos que han pasado de puntillas por el accidente. Se trata de Luis Llamas, director general del ADIF Alta Velocidad (AV) y director general de Planificación, Proyectos y Construcción de ADIF, y su hermano Juan José Llamas, director de coordinación de la ADIF AV. Ambos se han borrado de dar cualquier explicación tras el accidente de hace una semana.
Una situación que llama más la atención si se tienen en cuenta las críticas dentro de la compañía por el controvertido ascenso de Juan José Llamas hace unos meses como número dos, después de que su hermano Luis Llamas fuese ascendido a lo más alto en la empresa ADIF Alta Velocidad. El pasado 15 de abril, según adelantó este periódico, Juan José Llamas ascendió, tras una resolución de presidencia, a un puesto de nueva creación llamado «director de coordinación». Ocurrió unos días antes de que su hermano fuese nombrado director general de ADIF AV y además ascendido a la cúpula de ADIF,
Juan José Llamas, según el organigrama de la empresa, es de facto el número dos de la empresa y controla siete subdirecciones, además de concentrar 24 funciones dentro de la compañía. Los departamentos que controla son los siguientes: la subdirección de gabinete, la subdirección de gestión de convenios, la subdirección de recursos y soporte técnico jurídico, la subdirección de proyectos de estaciones de AV, la subdirección de coordinación de proyectos AV, la subdirección de proyectos de infraestructura I y la subdirección de proyectos de infraestructura II.
Primer accidente en 34 años
Se trata del primer accidente de alta velocidad en España desde su puesta en funcionamiento en abril de 1992. Es decir, el primero en 34 años. En ADIF, hasta el momento, solo han comparecido dos cargos de la compañía pública: el presidente Luis Pedro Marco de la Peña, que lo hizo el pasado viernes 23 de enero, y el director de Tráfico de ADIF, Ángel García de la Bandera. Ambos lo hicieron acompañados del ministro de Transportes, Óscar Puente.
Tras el accidente, fuentes internas de la empresa transmiten a este periódico que se está buscando culpar a alguien por debajo del presidente, de los directores generales y de la dirección. Según las mismas fuentes, la orden del ministerio es buscar responsables, lo que ha generado «nervios» dentro de la compañía. Aunque el presidente de ADIF abrió la puerta a su dimisión si los investigadores concluían que el asunto afectaba a su responsabilidad, la posibilidad de que este escenario se salde sin destituciones o dimisiones —como ocurrió en Red Eléctrica con el apagón— es altamente posible.
Paralelamente al ascenso controvertido del hermano de Luis Llamas, la pareja de este, Almudena Hernando, fue ascendida a directora del proyecto de Alta Velocidad Haramain (Arabia Saudí). Un puesto de responsabilidad que precisamente fue el que tuvo Llamas durante cuatro años (2021-2025) en dicho país, hasta que a principios de este año fue ascendido a la cúpula directiva de la empresa.
El pasado lunes, el ministro de Transportes, Óscar Puente, se cargó a un fiel de la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, Raúl Míguez, que era uno de los cinco directores generales de ADIF. Esta decisión se debió a su papel en la crisis de Rodalies en Cataluña y no al accidente en Córdoba. Era uno de los señalados, porque entre sus competencias estaba el mantenimiento de las vías.
El accidente de hace una semana en Adamuz está generando controversia. El foco está puesto en una de las soldaduras de una aguja de hierro que hay junto a la vía y que sirve para desviar el tren. Hace un día, el jefe de la investigación del accidente ya apuntó directamente a este asunto. Este periódico publicó hace unos días que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) —un organismo dependiente del Ministerio de Transportes— llevaba desde principios del año 2025 inquieta por la situación de la dirección de seguridad del gestor de la infraestructura ferroviaria y para ello alertó con «un condicionamiento grave en la autorización de seguridad ferroviaria» a la empresa.