Las maniobras de Fomento que influyeron en la concesión de Madrid Nuevo Norte

El administrador ferroviario ADIF está en el punto de mira de las denuncias judiciales de la Asociación ‘No Abuso’ y el Grupo Baraka (Trinitario Casanova) que piden los «derechos de reversión» de una buena parte de los terrenos sobre los que en los próximos meses se debería empezar a construir Madrid Nuevo Norte, el gran proyecto urbanístico de la capital y probablemente de España de la próxima década. La información a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE apunta a que el organismo público (y sus antecesores dependientes del Ministerio de Fomento) habría podido actuar vulnerando la ley de incompatibilidades de la Administración pública.

La Asociación ‘No Abuso’ que representa a unas 1.000 familias herederas de los terrenos expropiados en los años 40 para construir la Estación de Chamartín y los recintos ferroviarios de Fuencarral; y el Grupo Baraka, mantienen abiertos dos procesos, uno en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y otro ante la Audiencia Nacional. En el primero, piden los derechos de reversión que indican que si tras producirse una expropiación para una obra pública, estos terrenos vuelven al sector privado, se debe contar con sus propietarios originales, ya sea para recuperar las parcelas o pagar el precio de mercado.

Es así como ante el TSJM piden el pago de más de 1.000 millones de euros, equivalente a lo que abonó la concesionaria de Madrid Nuevo Norte (BBVA, Merlin y San José) a ADIF. Y ante la Audiencia Nacional solicitan la anulación del acuerdo de 2018 entre las partes mediante el cual la concesión administrativa se transformó en un contrato de compraventa. La Concesionaria Madrid Nuevo Norte (CMNN) —y el Estado— no reconocen estos derechos porque argumentan que nunca se reclamaron a su debido tiempo, al mismo tiempo que indican que trabajan «con pleno respeto a la legalidad y con la máxima seguridad jurídica».

Madrid Nuevo Norte

Sin embargo, los denunciantes apuntan a una serie de movimientos que cuestionan la cesión definitiva de los terrenos que se formalizó en diciembre de 2024. Una de ellas es la presencia de empleados de ADIF —y sus antecesores del Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) y Renfe— en la concesionaria de la ‘Operación Chamartín’. Los reversionistas indican que altos cargos de empresas públicas representantes del Estado estuvieron durante doce años en el consejo de administración de DUCH, el anterior nombre de CMNN.

Los afectados, a través de sus representantes legales, han presentado un escrito de alegaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid denunciando esta presencia, una circunstancia que estaría prohibida por la ley de incompatibilidades del personal de la Administración pública. Es así como Juan Antonio Villaronte fue el primero en incorporarse al consejo de la concesionaria en marzo de 1997 junto con José María Lasala.

En 1999 les tomó el relevo Ramón Escribano Méndez, quien era consejero de DUCH cuando firmó la novación de 2002 respecto del pacto original de 1993 en el que se adjudicó por primera vez la concesión administrativa para el desarrollo urbanístico de la ‘Operación Chamartín’. Los denunciantes indican que en esta renovación de principios de siglo se triplicó la superficie y casi se dobló la edificabilidad de la actual Madrid Nuevo Norte sin que se convocara un nuevo concurso.

Consejeros de ADIF

En 2003 —ya oficialmente como ADIF— se dio relevo a Francisco Antonio Bonache y José Aguilera López, ya que en 2004 entraron Antonio Sánchez Criado y Antonio Cabado Rivera, que estuvieron hasta 2009. Ese año se redujo del 75% al 50% el porcentaje de participación que el BBVA estaba obligado a mantener en el accionariado de DUCH y se modificó la fórmula de pago por parte del banco al Estado. Es así como lo que los denunciantes denuncian que los representantes de Renfe, GIF y ADIF han favorecido sucesivamente los intereses de BBVA (que asumió el control en 1999 tras la compra de Argentaria) y la concesionaria y no los del Estado.

Pero las acciones de ADIF para favorecer al consorcio también se realizaron en 2018 —dicen los denunciantes— cuando se firmó la transformación de la concesión administrativa en un contrato de compraventa. El 28 de diciembre de este año y tras solo seis meses de José Luis Ábalos en el cargo como ministro de Fomento, se firma el nuevo contrato y se eliminan las obligaciones de la concesionaria con la reversión, trasladando este riesgo patrimonial al Estado. Además, se dispensa al BBVA de su obligación de permanencia en el capital social de la concesionaria.

Ábalos y Torres

En este sentido, José Luis Ábalos reconoce que cuando llegó al ministerio tuvo dos contactos con el que en ese momento era consejero delegado del banco —actual presidente— Carlos Torres. El exministro indicó que en su primera conversación se manifestó el interés de la entidad financiera por el desarrollo del proyecto; y una segunda llamada se hizo en el contexto de la presentación del proyecto en Chamartín y donde se le agradeció la actitud que el ministerio había tenido sobre el tema.

Aunque se desmarcó de toda la operativa de los detalles. «Pero es un tema que realmente yo nunca abordé. No en profundidad, ni siquiera me acerqué demasiado porque todo estuvo bajo la gestión de ADIF», concluyó en una reciente entrevista. En ese momento, la empresa pública estaba presidida por Isabel Pardo de Vera.