ADIF delegó la seguridad de la vía a un directivo en la sombra tras la crítica interna al periodista
El movimiento de la empresa pública ocurrió después del informe negativo de los técnicos sobre Salvador Almenar
El ministro de Transportes, Óscar Puente, y el presidente de ADIF, Luis Pedro Marco de la Peña. | EP
La empresa pública de gestión ferroviaria, ADIF, delegó en la sombra la dirección de seguridad en la circulación, que depende del periodista Salvador Almenar, a una directiva de la empresa, según ha podido saber THE OBJECTIVE. Este movimiento lo llevó a cabo el gestor público tras comprobar, a través de sus técnicos, que Almenar, director de gabinete de Presidencia, Comunicación y Relaciones Institucionales, no cumplía —por su formación y trayectoria— con los requisitos para dirigir esas competencias.
Este escenario provocó que el director corporativo de Seguridad en la Circulación, el ingeniero David Gómez-Rey, rindiera cuentas orgánicamente ante el periodista Almenar, porque además es quien tiene las funciones de «dirigir» la seguridad en la circulación de la empresa, aunque había otro directivo que firmaba «en la sombra» la documentación relacionada con su área de trabajo.
La delegación de firmas sobre esta materia es percibida como otra muestra de improvisación dentro del gestor público. Una compañía que ha tenido en los últimos siete años y medio cuatro presidentes y que ha mantenido durante largos meses direcciones generales sin nadie al frente. De hecho, en la actualidad, está vacante uno de los cinco puestos de la cúpula, la dirección general de Operaciones y Explotación, después de que se destituyera hace unas semanas a Raúl Míguez en plena crisis ferroviaria.
Pese a las evidencias demostradas por este medio, el ministro de Transportes, Óscar Puente, continúa defendiendo que la seguridad en la circulación la dirige el ingeniero antes mencionado. Al mismo tiempo, desde su ministerio amparan el perfil del periodista e informan de que ha trabajado en la Generalitat Valenciana como director de comunicación de Emergencias (2020), jefe de gabinete de la consejería de Justicia, Interior y Administración Pública (2020-2022) y director general de Interior (2022-2023).
Una dirección general troceada
El origen de este desorden organizativo con respecto a una materia tan sensible como la seguridad en la circulación (clave para evitar colisiones y descarrilamientos de trenes) comienza en enero de 2025. Hace un año, el presidente de la compañía pública, Luis Pedro Marco de la Peña, decidió desmantelar la Dirección General de Seguridad, Procesos y Sistemas Corporativos, en la que se encontraba la Dirección de Seguridad en la Circulación junto con otras tres direcciones más (Protección Civil y Emergencias, Ciberseguridad y Transformación Digital y Sistemas).
Tras la reestructuración interna, la seguridad en la circulación pasó a una dirección general que tenía entre sus funciones el mantenimiento de las vías. Una situación que provocó la advertencia de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) porque existía «conflicto de intereses» entre ambas áreas. Con el paso de los meses, la cúpula movió esta dirección por diferentes áreas de la empresa hasta llegar a la liderada por el periodista Salvador Almenar.
El resto de áreas que había en esa dirección general se trasladaron a otros departamentos: Protección Civil y Emergencias pasó a Recursos Humanos, y Ciberseguridad y Transformación Digital y Sistemas fue a la dirección general corporativa de Financiero, Compras y Sistemas.
La Agencia de Seguridad
La alerta por los cambios organizativos en la seguridad de la circulación en la empresa pública no solo vino de los propios especialistas de ADIF, sino también de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), que lo advirtió desde principios de 2025. Este organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, es el que autoriza a ADIF a que pueda abrir su infraestructura a las compañías ferroviarias (Renfe, Iryo y Ouigo) cada día.
Según publicó este medio, la agencia ha permitido durante estos meses a ADIF explotar los 15.000 kilómetros de red ferroviaria, aunque sujeto a diferentes condicionantes, entre los que se encuentra la necesidad de que se les envíe un informe que justifique el controvertido movimiento corporativo en el área de seguridad.
El hecho de que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) permita operar a ADIF bajo condicionantes es porque no puede de facto parar la circulación ferroviaria en España, por el caos que provocaría dicha decisión. Sin embargo, es un asunto sensible dentro del organismo público, y así se lo ha hecho llegar en varias ocasiones a la empresa después de que desmantelase a principios de año la dirección general. Hoy ADIF opera las vías bajo «un condicionamiento grave» por este asunto.