La Justicia frena la licitación del servicio que Renfe hizo a medida de Alsa y Avanza
Las pymes del sector del autobús impugnaron la contratación por considerar que favorecía a los grandes
Un autobús de Alsa. | Alsa
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) ha acordado la suspensión cautelar de la licitación de Renfe Viajeros —sociedad mercantil filial del Grupo Renfe— para servicios de transporte alternativo por carretera, tras el recurso presentado por empresas del sector. La decisión paraliza el procedimiento y deja en suspenso la adjudicación hasta que se resuelva el fondo del caso.
La medida supone un primer triunfo para las pequeñas y medianas empresas agrupadas en Direbús, que habían impugnado el concurso al considerar que sus condiciones limitaban el acceso al proceso. La organización ha celebrado la resolución y pide ahora a Renfe que modifique el actual concurso y plantee uno nuevo que permita una mayor participación.
El conflicto se enmarca en el diseño del servicio impulsado por el Ministerio de Transportes, concebido para cubrir incidencias ferroviarias mediante autobuses. Desde el sector denuncian que la estructura del contrato concentraba el control en pocos operadores y no reflejaba la realidad empresarial del transporte por carretera.
Direbús plantea como alternativa una licitación por lotes, similar a la utilizada en otros organismos públicos, con el objetivo de evitar la concentración del servicio y facilitar la entrada de más compañías. Además, no descartan continuar la vía judicial si el proceso no se ajusta a los principios de libre competencia.
Un contrato de larga duración con altas barreras de entrada
El concurso contemplaba la puesta en marcha de un servicio de autobuses destinado a cubrir incidencias ferroviarias, como interrupciones por obras o problemas operativos, mediante un contrato de larga duración —diez años con posibilidad de prórroga—. El modelo planteado otorgaba un papel central a un único adjudicatario, que operaría en coordinación con la empresa pública.
Entre las condiciones más controvertidas figuraba la exigencia de contar con una flota mínima de 300 autobuses en propiedad, además de capacidad operativa en múltiples puntos del territorio nacional, incluidas grandes ciudades como Madrid, Barcelona o capitales andaluzas. Estos requisitos elevaban significativamente el umbral de entrada y reducían el número de potenciales competidores.
A ello se sumaba la posibilidad de concurrir mediante uniones temporales de empresas (UTE), aunque incluso en estos casos se exigía que al menos una de las compañías contara con una gran flota propia. En la práctica, esto limitaba el acceso a operadores con una estructura empresarial muy consolidada, alejando a la mayoría de las compañías del sector. El diseño del contrato, según denuncian las pymes, no solo condicionaba la competencia, sino que reforzaba un modelo de concentración en un mercado donde la mayoría de empresas cuentan con estructuras mucho más reducidas. En este escenario, grandes grupos como Alsa o Avanza partían con una clara ventaja en el proceso.
Además, el contrato centralizado implicaba que un único adjudicatario gestionara el servicio a escala nacional, lo que, según el sector, dificultaba aún más la entrada de nuevos operadores y limitaba la competencia efectiva en un ámbito que lleva años pendiente de reformas estructurales.