La sentencia se aplica específicamente a los trabajadores sin una oficina fija, como muchos electricistas, trabajadores sociales, y representantes de ventas, y afectará a millones de empleados del sector público y privado en toda la Unión Europea. El fallo se debe a un caso legal originado en España que implica a Tyco, una compañía que instala sistemas de seguridad. Tyco cerró sus oficinas regionales en 2011, por lo que los empleados tuvieron que viajar desde su casa a las citas de trabajo. Según la resolución del TJUE, que los trabajadores tengan que soportar la carga de la elección de su empleador sería «contrario al objetivo de protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores perseguido por la Directiva 2003/88, en el que se inscribe la necesidad de garantizar a los trabajadores un período mínimo de descanso.»
Esta se une a otras sentencias que desde Europa llegan ocasionadas por la precariedad laboral en España, país del que han salido varias denuncias que han llevado al TJUE a dictaminar, por ejemplo, que es ilegal encadenar contratos temporales de forma sucesiva para cubrir una vacante, refiriéndose al caso de una enfermera española contra el Servicio Madrileño de Salud.
