El CGPJ ampara a Llarena ante la demanda de Puigdemont y los exconsellers

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha otorgado este jueves amparo al juez instructor de la causa abierta por el «procés», Pablo Llarena, ante la demanda presentada contra él en Bélgica por los procesados huidos, que tacha de «ataque planificado» a su independencia «con el único fin de condicionar y de influir en futuras resoluciones judiciales que puedan adoptarse» en ese y otros procedimientos.

En opinión de este organismo, la demanda, presentada por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsellers fugados Meritxell Serret, Antoni Comin, Clara Ponsatí y Lluis Puig, intenta «sin disimulo alguno, someter las actuaciones soberanas del Estado español a la jurisdicción de un Estado extranjero».

El CGPJ promete que se adoptarán «todas las medidas necesarias» para garantizar la independencia de Llarena, «incluidas las medidas relativas a la integridad económica que proporciona el artículo 296 de la Ley Orgánica del Poder Judicial», y pedirá a los Ministerios de Exteriores y Justicia que aseguren «la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica».

En la demanda, los procesados afirman que la instrucción llevada a cabo por Llarena supone una vulneración flagrante de su presunción de inocencia y de la libertad de acción política y añaden que acusarles de ser rebeldes según el Código Penal español ofende claramente su honor, su integridad política y moral y el fundamento mismo de su acción política, concluyendo que el magistrado debe reparar íntegramente el daño causado en Bélgica.

Vulneración “flagrante y burda” de la independencia judicial

“La demanda cuestiona toda la instrucción llevada a cabo, tachándola de parcial y de arbitraria, pretendiendo que un tribunal belga considere que se ha vulnerado la presunción de inocencia y otros derechos fundamentales de los demandantes. En este estado de la cuestión, se nos antoja difícil considerar que pueda existir una actuación que vulnere de forma más flagrante y burda la independencia de un magistrado español”, concluye la Comisión Permanente, que considera que “cuando se cuestionan de tal modo los actos llevados a cabo por el magistrado, se cuestiona también la esencia misma de nuestro Estado de Derecho, atacándose la independencia judicial como pilar fundamental de un Estado democrático”.

Asegurar la independencia de Llarena

La Comisión, una vez otorgado el amparo solicitado, insta de los huidos “el cese o la abstención en el futuro de cualquier acto que perturbe el ejercicio independiente de la función jurisdiccional” de Llarena y señala que, “a los efectos de que el amparo otorgado proporcione al magistrado inquietado el marco de independencia y seguridad debido”, se adoptarán “todas las medidas necesarias para asegurar las condiciones propias de dicho marco de independencia y seguridad, incluidas las medidas relativas a la integridad económica que proporciona el artículo 296 de la LOPJ”.

Además, el CGPJ pone su acuerdo en conocimiento de los Ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores “para que adopten las medidas necesarias para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica”.

El acuerdo ha sido aprobado con los votos a favor del presidente del TS y del CGPJ, Carlos Lesmes; y de los vocales José Antonio Ballestero, Rafael Mozo, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, José María Macías y Pilar Sepúlveda. La vocal Concepción Sáez ha votado en contra.