El Congreso de Venezuela inicia el proceso para destituir a los magistrados del TSJ

La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, ha activado este miércoles el procedimiento para la remoción de los siete magistrados del Supremo por su «responsabilidad en la ruptura del orden constitucional», una acción que el chavismo ha considerado como un «golpe parlamentario» que vulnera la Constitución.

El acuerdo sobre la «activación del procedimiento» contra los juristas ha sido aprobado con el voto opositor y en presencia de la bancada oficialista, que ha asistido a esta plenaria pese al «desacato» en la que aún se encuentra la Cámara, según el Supremo.

El texto aprobado por los opositores condena «la violación generalizada y sistemática del orden constitucional y democrático en Venezuela, y el golpe de Estado cometido, lo cual se ha visto confirmado por las más de 50 sentencias inconstitucionales y actos en contra del Parlamento».

Las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) han despojado a la Asamblea de sus funciones y limitaron la inmunidad parlamentaria, lo que, según el acuerdo del Parlamento, ha dejado «explícitas las intenciones de desmantelar la institucionalidad democrática y asegurar una completa concentración de poderes».

El acuerdo inicia el proceso para remover a los magistrados

Según la Constitución venezolana, la remoción de los magistrados del Supremo requiere con anterioridad que el Poder Ciudadano -presidido por el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab- califique como «falta grave» su actuación.

Sin embargo, Saab ha respaldado el pasado lunes la actuación del Supremo y ha negado implícitamente que en el país se hubiese «vulnerado el orden constitucional» tal como considera la mayoría opositora del Parlamento.

El jefe del grupo parlamentario chavista, Hector Rodríguez, ha considerado que, al saltarse este paso, la Cámara está llevando a cabo un «golpe de estado parlamentario».

En este sentido, la Cámara ha emplazado al Poder Ciudadano y a la Fiscalía a tramitar la solicitud que los diputados han asegurado haber presentado ante ambos organismos el pasado 31 de marzo y otro documento complementario que presentarán próximamente en relación con las «faltas graves» de los juristas.

El Legislativo ha acordado además responsabilizar al presidente del país, Nicolás Maduro, del supuesto «golpe de Estado» perpetrado por el máximo tribunal al desconocer al Poder Legislativo.

El diputado opositor y expresidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, ha presentado otro acuerdo en el hemiciclo y ha asegurado que, aunque se hayan revocado las dos sentencias del Poder Judicial, persiste el desconocimiento al Parlamento y por tanto el «golpe de Estado».

Los parlamentarios opositores han acordado igualmente rechazar la conducta del defensor del Pueblo, a quien acusaron de haber «puesto otra vez de manifiesto su solidaridad automática con el Ejecutivo nacional y su complicidad con la violación de derechos humanos».

El documento también pide a la fiscal general, Luisa Ortega, que «inicie las averiguaciones conducentes al establecimiento de la responsabilidad penal en la materia».

Movilizaciones en respaldo

Asimismo, han exhortado a los venezolanos a que «se mantengan movilizados y en protesta permanente» hasta «la recuperación del orden constitucional», y condena «la violencia, acoso y represión» de las que, asegura, son víctimas los diputados por parte de las autoridades venezolanas.

La oposición venezolana ha convocado para este jueves una serie de movilizaciones a nivel nacional a la que denominaron «tranca contra el golpe», en respaldo al Parlamento por el proceso que ha iniciado.

Posteriormente, en rueda de prensa, el jefe de la bancada chavista ha llamado a marchar también mañana en Caracas.