Maduro da marcha atrás y pide al Supremo revisar la sentencia sobre el Parlamento
El Consejo de Defensa de la Nación de Venezuela ha instado al Tribunal Supremo de Justicia a revisar las sentencias en las que despojó al Parlamento (Asamblea Nacional) de sus funciones, después de que la Fiscalía de Venezuela alertara sobre una «ruptura del orden constitucional».
En medio de la presión internacional y las denuncias de la oposición, el Consejo de la Defensa de Venezuela, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, pidió al Tribunal Supremo revisar las sentencias que dejaron sin funciones al Parlamento.
En un mensaje transmitido la pasada madrugada a la nación por radio y televisión, Maduro afirmó que se había tomado esa decisión con el apoyo «unánime del poder ciudadano» y los restantes miembros del Consejo de Defensa de la Nación.
«Queda superada esta controversia, demostrando las capacidades de diálogo», indicó Maduro, quien presidió la reunión del Consejo de Defensa de la Nación en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo.
«Exhortar al Tribunal Supremo de Justicia a revisar las decisiones 155 y 156 con el propósito de mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes mediante los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano», afirma el acuerdo del Consejo leído por el vicepresidente Tareck El Aissami en cadena obligatoria de radio y televisión.
Otro punto del acuerdo al que llegó el Consejo fue ratificar que el máximo tribunal, en su Sala Constitucional, «es la instancia competente para el control de la constitucionalidad de los actos emanados de cualquier órgano del poder público nacional», así como «la resolución de los conflictos entre poderes».
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a este Consejo con el objetivo de «resolver» lo que calificó de «impase» derivado de la posición del Ministerio Público frente a la sentencia en la que el TSJ se atribuye las funciones del Parlamento, debido a la situación de «desacato» en la que este se encuentra.
Este Consejo se instaló «oficialmente», a pesar de que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, no estuvo presente.
Asimismo, la instancia reiteró que «los desequilibrios y conflictos entre las distintas ramas del poder público nacional se encauzan mediante los mecanismos de control constitucional y la colaboración entre los poderes», e insistió en la disposición del Gobierno al «diálogo fecundo» con su oposición política.
También repudió «categóricamente» cualquier intervención que «atente contra la independencia» y la integridad territorial de la nación caribeña.
En ese sentido, Maduro rechazó «el intervencionismo grosero» que, a su juicio, algunos gobiernos extranjeros «pretenden dictarle a Venezuela». El jefe de Estado venezolano celebró la «capacidad» de su país de superar «cualquier controversia» para el cumplimiento de la Constitución.
Previamente, el expresidente del Parlamento venezolano, el opositor Henry Ramos Allup, advirtió de que la Sala Constitucional del TSJ «revertirá», según él, «en las próximas horas» sus sentencias ya que, afirmó, Maduro va a «negociarlos para salvarse».
«Se enredaron los hampones de la salainconstitucionaltsj. Maduro los va a dejar en la estacada y negociarlos para salvarse. Papel sanitario», escribió el parlamentario en la red social Twitter
