El fiscal protagoniza la mañana del procés: “Lo que sucedió en Cataluña fue un golpe de Estado”

El fiscal Javier Zaragoza ha acusado a los 12 líderes independentistas de «haber intentado liquidar la Constitución» y de «haber atacado gravemente el orden constitucional mediante procedimientos ilegales, utilizando la violencia en aquellos momentos en que ha sido necesario». Además, ha responsabilizado este martes a los acusados en el juicio del «procés» de protagonizar «un golpe de Estado» entre marzo de 2015 y octubre de 2017, haciendo especial hincapié en la violencia empleada a lo largo de ese último mes «insurreccional».

De esta forma, Zaragoza ha abierto el turno del informe del Ministerio Público en el juicio dejando claro que «la única violación de derechos civiles que en estos momentos se está produciendo en Cataluña es la que están sufriendo y padeciendo estoicamente aquellos que están defendiendo la Constitución».

Junqueras: «motor principal de la rebelión»

Zaragoza ha cargado contra el «monólogo» que hizo el exvicepresidente Oriol Junqueras en su declaración ante el tribunal que ha tachado de «ejercicio de cinismo sin precedentes» pues defendió su actuación al amparo de «un supuesto derecho de autodeterminación que carece de apoyo normativo nacional e internacional». En este sentido, ha presentado al exvicepresident Oriol Junqueras como el «motor principal de la rebelión» dado que es quien ejercía el «liderazgo» del «procés» y «quien ha venido empujando desde hace muchísimo tiempo para que eso se produjera».

El fiscal ha subrayado que la democracia española «no criminaliza a quienes defienden proyectos distintos a los planteados por la Constitución», como es el caso, pero ha precisado que defender la «supremacía de la voluntad popular por encima de la ley» está en la base de algunos oscuros episodios de la historia reciente.

Ha negado que se persiga «el voto», sino «incumplir y desobedecer reiteradamente las resoluciones judiciales» como así sucedió el 1-O cuando el Govern y los entidades soberanistas «impidieron» la acción policial que debía cumplir el mandato judicial, por lo que «el uso de la fuerza necesaria es legítimo cuando no existen otros medios».

El fiscal les ha acusado de «haber desobedecido todas y cada una de las decisiones, autos y sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional», sin que ninguno de ellos haya asumido responsabilidad alguna por lo sucedido en Cataluña, especialmente con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

Los Jordis: «reyes y señores del orden cívico»

Por otro lado, Javier Zaragoza ha definido al expresidente de la ANC y al líder de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, como «los reyes y señores del orden cívico de Barcelona» que «impartían órdenes a los Mossos» y «condicionaron» la actuación de la Guardia Civil en otoño de 2017.

Durante la presentación de su informe final en el juicio del «procés», el fiscal Javier Zaragoza ha resaltado la responsabilidad de los Jordis, para quienes pide 17 años de cárcel por un delito de rebelión.

Y es que el ministerio público considera que Sànchez y Cuixart «se convirtieron en los dueños del orden público» hasta el punto que los Mossos d’Esquadra dependían de sus decisiones y llegaron a condicionar la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado que fueron desplegados en Cataluña.

«Lo anormal es que se concentren más de 40.000 personas con agresiones a Mossos no uniformados», ha dicho Zaragoza en relación a la concentración del 20 de septiembre de 2017 frente a la Conselleria de Economía.

Para Zaragoza, en el otoño de 2017 hubo un «estado de excepción de facto» donde las funciones de orden público fueron asumidas «por unos civiles».

Según la Fiscalía, la «movilización popular» aparece en todos los documentos como «una de las armas imprescindibles para empujar el desarrollo de todo este proceso» y en ella tuvieron una «participación importante» los Jordis.españa

Aparte de alentar a la protesta el 20-S, según Zaragoza, los Jordis fueron «los dinamizadores de toda la movilización popular para que se pudiera votar y para proteger las votaciones e impedir la actuación de las Fuerzas de Seguridad».