El Gobierno aprueba las rebajas de alquileres para bares y comercios y la suspensión de los desahucios
zipi | EFE
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al decreto-ley que suspende durante el estado de alarma (hasta el 9 de mayo de 2021) los desahucios por impago de alquiler de familias vulnerables sin alternativa habitacional y los cortes de luz, agua y gas, incluidos algunos casos de ocupantes ilegales de viviendas vacías. Además, ha aprobado un paquete de medidas de ayuda al turismo, el comercio y la hostelería, entre las que se encuentran la rebaja o el aplazamiento del alquiler de bares y comercios también durante el estado de alarma.
Por qué te lo contamos: el paquete de ayudas a la hostelería ha sido aprobado tras haber sido aplazado en varias ocasiones por falta de consenso. El objetivo de este plan «es aliviar la situación de empresas y autónomos para que puedan mantener su viabilidad», afirma el Gobierno.
En cuanto a los desahucios, en el caso de inquilinos con contrato, todos los propietarios, desde pequeños particulares a grandes inmobiliarias, tendrán derecho a solicitar una compensación si el informe que deberán presentar los servicios sociales al juez acredita la vulnerabilidad económica de los desahuciados.
La compensación consistirá en el precio medio de alquiler del entorno en el que se ubique el inmueble, lo que será determinado a partir de los índices de referencia, más los gastos corrientes asumidos y acreditados por el arrendador, por el período que medie entre la suspensión del desahucio y su levantamiento.
También se paralizarán durante tres meses los desahucios de familias vulnerables sin contrato, aunque solo si ocupan viviendas vacías de grandes tenedores (propietarios de más de diez inmuebles) y tienen menores o dependientes a cargo o son víctimas de violencia machista.
Entre las medidas dirigidas a los bares y comercios destaca la renegociación, condonación y/o aplazamiento del pago del alquiler mientras dure el estado de alarma. Si las partes no llegan a un acuerdo, el arrendatario podrá optar entre las siguientes opciones: la reducción del 50% de la renta arrendaticia o la moratoria en el pago de la renta.
Además, se ha aprobado la ampliación de un año en la carencia de los préstamos avalados por las líneas ICO y por las sociedades de garantía recíproca de las comunidades autónomas con reafianzamiento de CERSA, así como de tres años de su período de amortización hasta una máximo de ocho años.
También se ha anunciado la creación de un nuevo tramo de la línea de avales del ICO de 500 millones de euros con un 90% de aval del Estado, entre otras medidas.
