El Gobierno español controlará el presupuesto de Cataluña de manera indefinida

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dicho este miércoles que su control del presupuesto de la administración regional de Cataluña se mantendrá de manera indefinida, «mientras sea preciso», para garantizar la estabilidad y el cumplimiento de la legalidad vigente, informa Efe. Montoro ha comparecido en el Congreso de los Diputados cinco días después de que el Gobierno de Mariano Rajoy acordara la intervención de las cuentas y finanzas del Ejecutivo regional catalán, para evitar el eventual desvío de fondos al referéndum independentista convocado por las autoridades catalanas para el 1 de octubre y suspendido por el Tribunal Constitucional.

La medida dispone que «se declara la no disponibilidad de créditos» para Cataluña, lo cual «supondrá la emisión de los correspondientes certificados de retención de crédito que garanticen el cumplimiento del acuerdo». Además, «excepcionalmente», Montoro «podrá autorizar la revocación parcial» del acuerdo, «autorizando la correspondiente aprobación y compromiso de nuevos gastos, si se justifica la concurrencia de razones de urgente y extraordinaria necesidad».

El ministro ha explicado ese acuerdo gubernamental, que implica que el Estado pagará directamente los servicios públicos esenciales, como las nóminas de funcionarios y los relacionados con sanidad, educación y algunas partidas sociales. De este modo, el Gobierno español retendrá unos 1.400 millones de euros mensuales que tendría que haber transferido a las autoridades catalanas para el pago de todos esos servicios fundamentales. Las medidas del Ministerio de Hacienda se prolongarán el tiempo que el Gobierno considere necesario, ha añadido Montoro.

La intervención de las finanzas catalanas ha generado las críticas del Gabinete regional que preside Carles Puigdemont, que un día antes del acuerdo del Gobierno español decidió dejar de enviar con carácter semanal el informe de sus gastos y pasarlo a mensual. Ese hecho ha suscitado la respuesta del Gobierno español, ante el temor de que alguna partida fuera desviada a financiar la consulta soberanista del 1 de octubre.