El Gobierno garantiza la seguridad del 21D frente a posibles injerencias

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, ha avanzado este jueves que el Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior y el Centro Criptológico Nacional, está trabajando para garantizar la seguridad y la limpieza democrática de las elecciones catalanas ante las hipotéticas injerencias externas.

Sáenz de Santamaría ha comparecido este jueves durante más de dos horas a puerta cerrada ante la Comisión de Gastos Reservados del Congreso, conocida como de secretos oficiales, para informar sobre las supuestas injerencias rusas en el proceso independentista en Cataluña.

En cumplimiento de la ley, la vicepresidenta no ha querido desvelar el contenido de sus explicaciones, aunque sí ha agradecido el interés de los grupos por este problema y ha recalcado la preocupación compartida por la ciberseguridad, así como la necesidad de reforzar los mecanismos de defensa. Lo que sí ha avanzado es que varios departamentos del Ejecutivo central y los expertos en seguridad informática del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en colaboración con la empresa encargada del recuento del 21D, están ya trabajando intensamente para preservar la seguridad de los comicios. «Este país si en algo tiene experiencia es en celebrar elecciones con una absoluta limpieza y así se va a hacer siempre porque además estamos contando con la gente que desde la Generalitat ha organizado también muchos comicios», ha remarcado.

Saenz de Santamaría ya avanzó ayer que el Gobierno pondrá en marcha en el primer semestre de 2018 un centro de operaciones de seguridad para dar una respuesta más eficaz a las ciberamenazas y combatir la desinformación en internet, con un coste inicial de 16 millones de euros. La vicepresidenta destacó que el Ejecutivo está haciendo un trabajo «muy intenso» de cara a los comicios en Cataluña para anticiparse a los problemas que puedan surgir y estar preparado ante los intentos de desinformación. «Hemos aprendido a tenor de lo que está ocurriendo y de lo que hemos vivido», ha remarcado.

A las reuniones de la comisión de gastos reservados tienen derecho a asistir los portavoces de todos los grupos parlamentarios, entre ellos los portavoces de ERC y el PDeCAT. Ninguno de ellos ha querido informar de las explicaciones de la vicepresidenta del Gobierno, tal y como establece la ley.

La portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, se ha limitado a confirmar que la preocupación por la ciberseguridad es unánime entre los grupos parlamentarios. Aunque ha insistido en la necesidad de tratar de garantizar la seguridad de los ciudadanos en las redes, ha reiterado su crítica a la actitud del Gobierno de querer imponer más recortes en los derechos y libertades fundamentales utilizando la seguridad como pretexto. Ha argumentado que así ha ocurrido con la denominada «ley mordaza«, a cuya derogación, actualmente en trámite parlamentario, se opone el PP. «Nos preocupa que el Gobierno quiera seguir por esta senda de la ley mordaza», ha manifestado Montero, que ha recalcado que numerosos organismos internacionales la han criticado por vulnerar derechos fundamentales, como la libertad de expresión, de reunión y manifestación.

Desde el PDeCAT, Jordi Xuclá, se ha excusado por no poder informar de ningún aspecto de la reunión que, al menos ha considerado «fructífera» y de la que ha salido satisfecho y tranquilo.