El Gobierno prorrogará el «escudo social» hasta el 31 de octubre

El Gobierno prorrogará hasta el 31 de octubre el «escudo social», que incluye medidas como la suspensión de los desahucios y otras destinadas a la protección de las personas más vulnerables en un contexto marcado por la pandemia y para dar una respuesta urgente a los hogares con más dificultades.

Las claves: la prórroga será aprobada en el próximo Consejo de Ministros y ha sido acordada en un trabajo conjunto y coordinado entre todos los ministerios implicados, según han confirmado a Efe fuentes del Ejecutivo. El Gobierno aprobó por primera vez las medidas del escudo social el 31 de marzo de 2020, tras decretarse el estado de alarma a causa de la pandemia de coronavirus, y desde entonces se ha ido dando luz verde a sucesivas prórrogas para seguir manteniéndolas en vigor.

En concreto, el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará la extensión de las medidas contenidas en el Real Decreto-ley 8/2021 que expiraban el 9 de agosto para garantizar la protección social de todos los ciudadanas.

Las últimas conversaciones llevadas a cabo entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, han concluido con el acuerdo para prorrogar este Real Decreto-ley, explican las fuentes del Gobierno de coalición.

Un trabajo que ha culminado con las conversaciones entre el Ministerio de la Presidencia que dirige Félix Bolaños y el de Derechos Sociales y Agenda 2030 que encabeza Ione Belarra.

Desde el Ministerio de Derechos Sociales, su titular Ione Belarra, había pedido la ampliación de esas medidas hasta el 31 de diciembre porque la ministra de Podemos defendía que eran necesarias «en un momento en el que muchas personas aún no se han recuperado de los efectos socioeconómicos de la pandemia» pero, por el momento, llegará hasta el 31 de octubre.

Respecto al «decreto antidesahucios» el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, barajaba varias opciones, según aseguró su nueva titular, Raquel Sánchez, la de presentar un nuevo decreto para proteger de «manera estructural» anunciado por su predecesor en una comparecencia parlamentaria o la prórroga que se ha acordado.

Con esta decisión se amplía hasta esa fecha la prohibición de los procedimientos de desahucio en personas en situación de vulnerabilidad económica. Además, se mantiene la posibilidad de solicitar el aplazamiento del pago del alquiler de vivienda habitual a las familias en situación de vulnerabilidad siempre que los arrendatarios sean grandes tenedores de viviendas (diez o más).

Asimismo, se amplía el plazo para pedir una moratoria de tres meses en el pago de hipotecas y créditos. También se prohíbe para primeras viviendas de las personas vulnerables el corte de suministros básicos, como son los de energía eléctrica, gas natural y agua y se amplía automáticamente la vigencia del bono social, el descuento directo en la factura dirigido a los consumidores vulnerables.