El juez mantiene en prisión a Ignacio González por su "papel decisivo" en el caso Lezo

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado mantener en prisión incondicional al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por considera que el político del PP pudo tener «un papel decisivo y necesario» en el ‘caso Lezo‘, por el que lleva en la cárcel madrileña de Soto del Real desde el 21 de abril, según un auto emitido este lunes. González había solicitado su puesta en libertad alegando la «variación sustancial» de las circunstancias que en su día llevaron a la adopción de dicha medida judicial.

En su escrito, el juez de instrucción rechaza la petición de la defensa del expresidente de la Comunidad de Madrid alegando que, según avanza la investigación, se desprende que Ignacio González ha podido tener «un papel decisivo y necesario» en los delitos que se investigan en este causa, que incluyen malversación de caudales públicos, fraude, organización criminal, prevaricación, falsificación de documentos, fraudes en las transacciones internacionales, cohecho y blanqueo de capitales, informa la Audiencia Nacional en una nota de prensa.

Según dicho comunicado, el juez García-Castellón, entiende que sólo las penas que conllevan dichos delitos «ya justificarían el mantenimiento de su situación personal», aunque a esto añade otras circunstancias para confirmar la prisión. Así, en el auto, subraya que no sólo no han variado las circunstancias que en su día motivaron la orden de prisión para el acusado, sino que “asistimos a una cristalización progresiva de los indicios racionales de criminalidad como consecuencia de las diligencias que se están practicando, lo cual podría verse afectado en caso de acordar la libertad o atenuar su situación como solicita la defensa”.

El juez considera, además, que existe riesgo de fuga. Con «una trama criminal que ha operado en diferentes países, habiendo reconocido el propio Ignacio González en conversaciones telefónicas su intención de comenzar una nueva vida de negocios en Sudamérica, donde precisamente existen varias operaciones investigadas en el marco de la presente instrucción, lo que, unido a la existencia de dinero de procedencia ilícita (así consta en las actuaciones y así ha sido reconocido en las diferentes declaraciones) patentiza el riesgo de fuga».

García-Castellón también argumenta para denegar la salida de prisión del político que las diligencias que se están practicando en el juzgado, declaraciones y examen de documentación que a su vez dan lugar a nuevas declaraciones y a la petición de más documentación, «requieren que las actuaciones estén secretas» y, por tanto, «patentizan la existencia de importantes riesgos de acceso a las fuentes de prueba, destrucción de documentos relevantes, realización de movimientos monetarios, dirigidos a la destrucción de pruebas y a esconder el dinero malversado, poniendo en peligro la investigación en curso y la recuperación de activos para ejecutar futuros decomisos del producto del delito».