El excomisario José Villarejo, investigado por la Audiencia Nacional en el caso Tándem, ha salido pasadas las 18:30 horas de la cárcel madrileña de Estremera, en la que permanecía en prisión provisional desde noviembre de 2017. «La única razón por la que me han tenido preso es para que no hablara (…) Soy comisario de Policía y he tenido el honor de trabajar para mi país, y digo lo de siempre: las cloacas no generan mierda, la limpian», ha declarado a los medios a su salida, con un parche en el ojo izquierdo, debido a los problemas médicos que sufrió hace unas semanas, una boina y una mascarilla con la bandera de España estampada.
En contexto: el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón le había otorgado la libertad esta misma tarde,tal y como había pedido la Fiscalía Anticorrupción, ante la imposibilidad de poder juzgarle antes de noviembre, cuando cumple el límite máximo de 4 años desde que se decretó su prisión preventiva.
El magistrado le ha impuesto, no obstante, las medidas cautelares que pedía para él el fiscal: comparecencias diarias en el juzgado más próximo a su domicilio, prohibición de salida de territorio nacional y retirada de pasaporte –»con requerimiento expreso de prohibición de obtener uno nuevo»– y la obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio.
El mantenimiento de la prisión preventiva «ya no resulta materialmente idónea para garantizar la sujeción del investigado al procedimiento», según el magistrado García Castellón, puesto que «pudiera convertirse en una pena anticipada y comprometer, en consecuencia, el derecho a la presunción de inocencia».
Pese a dejarle en libertad, también pondera una serie de circunstancias personales, familiares y sociales de Villarejo, que, junto a la «gravedad de los hechos» investigados, reflejan «la persistencia del riesgo de fuga» y de reiteración delictiva y la necesidad de adoptar esas nuevas medidas cautelares.
Entre tales circunstancias figura su integración –»como máximo responsable»– en una organización criminal, a la que también pertenecería su «círculo familiar más próximo»; el control de «importantes activos patrimoniales fuera de España», su falta de arraigo laboral o su «amplia red de contactos, que le permitirían residir fuera» del país eludiendo a la Justicia.
Tiene también en cuenta que durante la causa se le ha incautado «documentación con pluralidad de identidades», pasaportes en blanco y «grandes cantidades de dinero en efectivo», que podrían contribuir a «la planificación de una fuga»; y menciona la «facilidad acreditada» para trasladarse a distintos países, dentro y fuera de Europa.
El riesgo de volver a delinquir es, dice el juez, «actual y permanente», dado que Villarejo «seguía controlando» hace unos meses desde la cárcel «una ingente documentación» con una «doble finalidad»: «lucrarse y chantajear» a particulares e instituciones mediante su «difusión programada» para obtener así su impunidad o al menos a corto plazo, su libertad», hechos que motivaron la apertura de una pieza separada.
El riesgo de fuga también se incrementa con la cercanía del juicio de las tres piezas (Iron, Land y Pintor) por las que será juzgado a partir del 13 de diciembre y en las que Villarejo está acusado de varios delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, falsedad documental y extorsión en grado de conspiración, por los que la Fiscalía pide para él, en conjunto, 99 años y 8 meses.
