El Parlamento británico aprueba la ley del Brexit propuesta por Johnson

El nuevo Parlamento británico, con la mayoría conservadora conseguida en las últimas elecciones, ha aprobado sin dificultad este viernes el proyecto de ley del Brexit.

Los diputados de la Cámara de los Comunes han autorizado por 358 frente a 234 votos que el texto auspiciado por el primer ministro, Boris Johnson, pase a su siguiente trámite parlamentario, la fase de comités, donde podrá ser enmendado antes de su aprobación definitiva, ya en 2020.

En enero, tras las vacaciones parlamentarias de Navidad, tendrá lugar el debate y la adopción definitiva de la ley. El proceso legislativo se reanudará el 6 de enero, y la fecha límite para que todo esté listo y aprobado es el 31 de enero, fecha fijada oficialmente para el Brexit.

«Ha llegado el momento de actuar juntos como una nación revitalizada, un Reino Unido lleno de una confianza renovada en nuestro destino nacional y decidido por fin a aprovechar las oportunidades que ahora se nos presentan», ha declarado Johnson al presentar el texto.

Más libertad para los conservadores en las negociaciones con Bruselas 

El nuevo texto legal prohibe que se extienda el período de transición, un plazo destinado a permitir a empresas y administraciones prepararse para una salida sin rupturas abruptas con Bruselas. Los responsables europeos afirman que once meses es un periodo demasiado corto para alcanzar un acuerdo de libre comercio.

La oposición, que votó en contra, se ha mostrado indignada porque el gobierno hubiese retirado del proyecto de ley algunas concesiones hechas previamente, cuando se encontraba en minoría, como la supervisión parlamentaria de la próxima etapa de la negociación con Bruselas.

«Este acuerdo será utilizado como un ariete para llevarnos por el camino de una mayor desregulación y hacia un acuerdo tóxico con Donald Trump«, ha denunciado el líder laborista Jeremy Corbyn en referencia a una próxima negociación comercial con Estados Unidos.

El acuerdo con la UE recoge cuestiones como los derechos de los ciudadanos europeos en el Reino Unido y los británicos en la UE, la factura que Londres debe pagar para honrar sus compromisos con el bloque y cómo mantener abierta la frontera terrestre en la isla de Irlanda.

El proyecto de ley incluye también disposiciones para permitir que los tribunales inferiores británicos, y no solo la Corte Suprema, puedan anular los fallos del Tribunal de Justicia Europeo.