El Supremo británico rechaza pronunciarse sobre el aborto en Irlanda del Norte
La Corte Suprema británica ha decidido que no tiene jurisdicción para pronunciarse sobre la legalidad de la prohibición casi total del aborto en la provincia de Irlanda del Norte, aunque ha dejado claro que es incompatible con los Derechos Humanos.
La Corte Suprema británica ha decidido que no tiene jurisdicción para pronunciarse sobre la legalidad de la prohibición casi total del aborto en la provincia de Irlanda del Norte, aunque ha dejado claro que es incompatible con los Derechos Humanos.
La Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte (NIHRC) pidió a la máxima instancia judicial del Reino Unido que decidiera si las restrictivas leyes del aborto norirlandesas contravenían el Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero la mayoría de sus siete jueces estimó que tal comisión no tiene poder para «instituir procesos de esta naturaleza».
Sin embargo, uno de los jueces precisó en el veredicto que, de haber estado en medida de pronunciarse, hubiera dictado «sin ninguna duda» que las leyes del aborto norirlandesas son contrarias al artículo 8 del Convenio europeo, que afirma que «toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia».
El motivo por el que la Corte consideró que no tenía jurisdicción es que no había una víctima o un acto ilegal implicados en el recurso de la NIHRC.
El colectivo de activistas por los derechos humanos había tratado de liberalizar la ley apelando ante la más alta instancia judicial británica, pero el tribunal considera, por una ajustada mayoría de cuatro contra tres, que carece de jurisdicción para resolver el caso.
A diferencia de Inglaterra, Escocia o Gales, donde el aborto es legal desde 1967, en Irlanda del Norte es ilegal excepto en caso de que peligre la vida de la madre o haya riesgo de daños graves para su salud mental o física. Una mujer que aborte en Irlanda del Norte en cualquier otro supuesto puede ser condenada a cadena perpetua.
Las leyes actuales en esta provincia castigan a mujeres «excepcionalmente vulnerables», denunció la NIHRC en las audiencias del caso, informa Afp.