El Supremo confirma cuatro años y medio de prisión para Rato por las 'tarjetas black'

El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de cuatro años y medio de prisión para el expresidente de Bankia Rodrigo Rato por delito continuado de apropiación indebida en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid, informa el Consejo General del Poder Judicial. El tribunal ratifica las líneas maestras de la sentencia que dictó la Audiencia Nacional en este asunto y confirma la comisión del delito de apropiación indebida por otros 63 exdirectivos y exmiembros del Consejo de Administración de la Caja, que se beneficiaron de estas tarjetas cuya operativa era opaca a Hacienda.

La sentencia sostiene que Rato «mantuvo y amplió un sistema pervertido desde su origen» que permitía a los miembros de los órganos de gobierno y a ciertos directivos de la entidad “disponer a su antojo” del dinero de la Caja para sus atenciones personales o para cualquier otro fin que ellos mismos establecieran.

Aunque el Supremo ha estimado parcialmente los recursos de los condenados que devolvieron antes de celebrarse el juicio el dinero gastado con las tarjetas, no ha sido así en el caso del exbanquero.

Rato, quien antes de presidir Caja Madrid había sido vicepresidente y ministro de Economía del PP, no ingresará automáticamente en prisión, ya que el Tribunal Supremo debe remitir ahora la orden de ejecución de sentencia, tras lo cual el ex director gerente del FMI dispondrá de un plazo de entre 5 y 10 días para ingresar voluntariamente en la cárcel. Rato no ingresará automáticamente en prisión, ya que el Tribunal Supremo debe remitir ahora la orden de ejecución de sentencia, tras lo cual el también exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI) y exministro de Economía dispondrá de un plazo de entre cinco y 10 días para ingresar voluntariamente en la cárcel.

Al considerar insuficiente los límites de gastos que permitían las tarjetas, se decidió facultar a sus titulares a utilizarlas en su beneficio sin necesidad de justificar que se habían empleado en gastos indemnizables, lo cual, en aquella época estaba fuera de la ley». Los condenados por el caso de las tarjetas black actuaron como si fueran «dueños del dinero», invirtiendo los importes que consideraron oportunos en desembolsos que ellos mismos decidieron; de ahí que el Supremo reconozca que se perjudicó el patrimonio de la entidad.

Dadas sus responsabilidades, experiencia y preparación para el cargo, Rato no podía ignorar el funcionamiento opaco de las tarjetas, pese a lo cual «mantuvo el sistema e incluso lo amplió a otras personas»; primero, a su favor, y, ya en Bankia, de sus más estrechos colaboradores. En cuanto a la proporcionalidad de la pena, el Supremo defiende que es adecuada, ya que Rato «se lucró indebidamente y permitió el lucro de los demás», durante un «apreciable periodo de tiempo y por cantidades importantes». Nadie con un mínimo de formación, prosigue la sentencia, puede admitir que el sistema se pudiera justificar, dado el grado de ocultación y opacidad «también a efectos fiscales» del sistema de las visas.

En cuanto al ex director general de Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj, el tribunal ha estimado parcialmente su recurso y le ha rebajado la pena de 2 años y 6 meses a un año menos un día de prisión por un único delito continuado de apropiación indebida; asimismo, se le aplica la atenuante muy cualificada de reparación del daño. Barcoj gastó 575.000 euros. En total, los acusados del caso de las tarjetas black gastaron más de 12 millones de euros, de los cuales 9,3 millones corresponden a la etapa de Miguel Blesa, fallecido en 2017, al frente de la entidad (1996-2010), y 2,6 millones cuando el presidente era Rato.

Entre los argumentos esgrimidos por los acusados en sus recursos destacaba la vulneración de su derecho a la intimidad y a la protección de datos, al haberse hecho públicos los gastos; sobre este punto, el Supremo entiende que Bankia «no accedió ilícitamente» a datos de carácter personal relativos a los gastos concretos realizados por cada uno de los titulares. De ahí que no se haya producido tal vulneración; por el contrario, Bankia accedió de forma legítima a una información contenida en el contrato de emisión de las tarjetas, única manera que tenía la entidad de comprobar el uso concreto de las tarjetas y cómo y cuándo se han cargado los gastos efectuados por sus titulares. Asimismo, la sentencia recuerda que la cesión al fiscal de dichos datos estaba amparada por el artículo 11 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que no exige el consentimiento del interesado.