El Supremo rechaza paralizar la exhumación de Franco del Valle de los Caídos

El Tribunal Supremo ha rechazado este lunes paralizar la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. El Alto Tribunal ha decidido de momento no suspender el acuerdo, tomado el pasado 8 de noviembre, en el que el Gobierno dio vía libre a la continuación de los trámites para sacar los restos mortales del dictador.

Tras dos horas y media de reunión, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha desestimado la solicitud de la familia Franco que pedía suspender de forma cautelar los trámites para ejecutar la exhumación. En su escrito, los nietos de Franco alegaban que la suspensión cautelar era necesaria para evitar un “daño irreparable”.

Con esta decisión, el tribunal permite al Gobierno seguir adelante con los trámites para exhumar al dictador, pero deja abierta la puerta para que la familia vuelva a recurrirlo cuando el Consejo de Ministros acuerde definitivamente sacar del Valle de los Caídos los restos de Franco. El Supremo advierte de que la exhumación no podrá ejecutarse hasta que no se resuelva la posible impugnación de la familia y el tribunal se pronuncie sobre ella.

Así, aunque todavía queda un plazo de alegaciones para la familia, el Gobierno ha dicho este lunes que prevé exhumar los restos de Franco a finales del próximo mes de enero, según han indicado a Efe fuentes de Moncloa.

Precedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Como ejemplo, los magistrados citan una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenó a Polonia por realizar dos exhumaciones sin escuchar a las familias, que se oponían a trasladar los restos mortales de dos personas que fallecieron en 2010 el accidente del avión en el que viajaba el presidente Lech Kaczynksi. La sección, presidida por el conservador Jorge Rodriguez Zapata, ha acordado este fallo en una sesión a puerta cerrada a la que solo han asistido los seis magistrados.

De esta forma, el Gobierno podrá continuar por el momento con el procedimiento de exhumación de los restos mortales de Franco, que lo justifica en cumplimiento de la ley de 2007 que reconoce y amplía derechos y establece medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, aunque sabiendo que todo puede quedar paralizado en el futuro.

En virtud del real decreto aprobado por el Ejecutivo, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, debe remitir al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), donde se encuentra el Valle de los Caídos, el proyecto necesario para llevar a cabo la exhumación.

Los siete nietos de Franco se niegan a cambiarlo de sepultura, convencidos de que legalmente «no es posible» llevar adelante los planes del Gobierno, pues la basílica benedictina es un lugar de culto y, por lo tanto, está sujeta al Concordato con la Santa Sede.

La familia lanzó un órdago al anunciar que, si finalmente los restos de Franco son sacados del Valle, los enterrarán en la cripta que la familia tiene en la catedral de la Almudena, en pleno centro histórico de Madrid, a lo que se opone el Gobierno de Sánchez.

Frente que llevó a la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, hasta el Vaticano para tratar de que mediara en el conflicto el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolín. El Gobierno aseguró haber llegado a un acuerdo para que Franco no acabara en la Almudena. El Vaticano señaló en un comunicado que Parolín coincidía con Calvo en apoyar la exhumación pero matizó que «en ningún momento se pronunció sobre el lugar de la inhumación».

Así, el Ejecutivo aboga porque el dictador sea enterrado en el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, donde la familia Franco tiene un panteón en el que reposan desde 1988 los restos de su mujer, Carmen Polo.