El Tribunal de Cuentas ha archivado la denuncia presentada por Ciudadanos por el rescate a la aerolínea Plus Ultra, ya que considera que no ha habido menoscabo para el erario público pues los fondos se han otorgado mediante un préstamo que no supone un quebranto patrimonial para el Fondo de Ayuda.
Lo más importante: en el auto, el Tribunal de Cuentas indica que no hay «apariencia jurídica de responsabilidad contable», ni indicios «jurídicamente relevantes de haber infringido ninguna norma jurídica de naturaleza contable o presupuestaria». La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas; el portavoz adjunto de esa formación en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, y el eurodiputado Luis Garicano, presentaron la denuncia el pasado 7 de junio, por el «rescate millonario e injustificado de la aerolínea», que se eleva a 53 millones de euros.
El pasado 9 de marzo el Gobierno dio luz verde al rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Plus Ultra fue la segunda línea aérea, tras Air Europa, en recibir ayuda de este fondo, creado en julio de 2020 para dar apoyo a empresas estratégicas solventes y viables a las que la pandemia de la COVID-19[contexto id=»460724″] ha puesto en una situación complicada.
La compañía aérea Plus Ultra ha celebrado dicha decisión del Tribunal de Cuentas de archivar la investigación sobre el rescate de la compañía, así como los pronunciamientos del Tribunal Supremo y la Unión Europea.
En un comunicado remitido este lunes por la compañía, esta ha afirmado que los dictámenes de las tres instituciones muestran «la falta de fundamento de las falsas acusaciones que se están vertiendo injustificadamente desde diferentes ámbitos durante meses sobre la aerolínea española» y señala que las acusaciones responden a una «batalla política» contra el Gobierno.
Igualmente están de acuerdo con la decisión de la Unión Europea de no abrir investigación formal tras evaluar la información «de mercado» remitida por el eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano al entender que «no tiene efectos para abrir investigación alguna sobre una decisión de rescate público de empresas que, además y en último término, ha de decidir cada uno de los estados miembros».
Respaldan también una tercera decisión favorable a sus intereses: el archivo por el Tribunal Supremo en junio pasado de una querella presentada por Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y de Industria, Reyes Maroto, por la concesión de los fondos a la aerolínea, porque no encuentra indicios de la comisión de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Estas tres decisiones demuestran, a juicio de Plus Ultra, «la falta de fundamento de las falsas acusaciones y tergiversaciones que se están vertiendo desde diferentes medios de comunicación, representantes políticos y diversas organizaciones». La aerolínea añade que está siendo utilizada «injustificadamente como arma arrojadiza en una batalla política contra el Gobierno de España en la que nada tiene que ver».
Plus Ultra Líneas Aéreas ha afirmado que se encuentra «absolutamente tranquila» con el «exhaustivo y escrupuloso» cumplimiento de todos y cada uno de los requerimientos establecidos por la SEPI. Además, ha añadido que en relación con la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, está colaborando «plenamente» en las diligencias abiertas para que se clarifiquen todos los puntos que se consideren necesarios y «con el convencimiento de la correcta actuación de la SEPI y de la compañía» en la solicitud, tramitación y resolución del expediente del apoyo financiero.
Ha asegurado también, que «en las próximas horas» acreditará debidamente ante la jueza la necesidad de recibir la financiación pendiente de disposición (de los 53 millones concedidos ya se han entregado 19 y quedan pendientes los 34 restantes). El plazo para entregar la documentación termina el martes.
Para el Tribunal de Cuentas, no existen indicios jurídicamente relevantes de responsabilidad contable y no se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, argumento avalado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina de la Sala de Justicia contable. No cabe tampoco, añade el auto, hablar de negligencia. El Tribunal de Cuentas hace suyos los argumentos de la abogacía del Estado, que sostiene que de la documentación que se acompaña a la denuncia «no se deducen las irregularidades denunciadas». La SEPI aportó un informe que corroboraba que la petición de la ayuda se hizo correctamente y se ha justificó adecuadamente.
