Arietes del narcoestado

El régimen venezolano se creó a partir del uso político de los fondos obtenidos por la empresa nacionalizada PDVSA, que gestiona los ingentes recursos petrolíferos del país. Luego se ha apoyado en la producción y tráfico de drogas, hasta el punto de tener al líder de un cártel de la droga, a Diosdado Cabello, de vicepresidente. Pero el petróleo sigue siendo el principal foco de corrupción de Nicolás Maduro y del resto de miembros del régimen.

Baltasar Garzón es el administrador único de Ilocad, que es el despacho que lleva los intereses de PDVSA en España. Pero Garzón es también otras cosas. Es el ex juez condenado por prevaricación por realizar escuchas a los abogados en el caso Gürtel. Y es el hombre que le escribió una carta a Emilio Botín pidiéndole dinero, mientras instruía una causa contra el banco que presidía. Es decir, que Garzón tiene unas convicciones morales por descubrir. Y aún hay más, porque Baltasar Garzón es la pareja sentimental de Dolores Delgado. Delgado fue ministra de Justicia (cargo que ambicionó en su momento) y en la actualidad es fiscal general. Juntos forman parte de un conglomerado de intereses judiciales, policiales y políticos con unas ambiciones de enriquecerse desmedidas.

PDVSA tiene derecho a contratar a Baltasar Garzón, y el abogado a prestarle sus servicios. A la vista de todos está que Garzón es un ariete del narcoestado venezolano en España. Todos entendemos que en otro Gobierno, representar los intereses de Maduro et al resultaría más complicado, pero que la confluencia de intereses de Venezuela con nuestro Gobierno es total. Los ex asesores de Chávez y Maduro están en el partido que sostiene a Sánchez, y han sido financiados por su régimen. 

Lo que faltaba en este asunto es la pistola humeante, y es justo lo que ha encontrado THE OBJECTIVE. Se trata del contrato de PDVSA con Garzón, por valor de 8,8 millones de euros. Es una cantidad desorbitada para las labores puramente jurídicas, pero que se justifica claramente por uno de los apartados del contrato. Garzón deberá llevar la «coordinación» con la Fiscalía y los Tribunales en España. 

Esa es la clave. No se trata de representar al cliente ante los tribunales, sino de coordinarse con la fiscalía, a cuya cabeza está Dolores Delgado, y con el resto de tribunales con los que Garzón tiene una estrecha relación. Coordinarse implica tener una sintonía de objetivos, y trabajar de forma concertada para cumplirlos.

Lo que paga PDVSA es la influencia de Garzón en el sistema jurídico español para ponerlo al servicio de un régimen que se enriquece mientras empobrece a la población, que huye del hambre en Venezuela por milllones, y que persigue al resto si se opone al Gobierno. A un lado y otro de la firma de ese contrato hay corrupción y torrentes de dinero.