Las mil y una noches

Contamos ya 1.001 días -con sus noches- desde que se incumple el mandato constitucional de renovar el Consejo General del Poder Judicial, además de otros órganos. Intuyo que para una parte sustancial de la sociedad este es un problema que conciben lejano o, al menos, emborronado, síntoma de que hace efecto la ponzoña que se introduce para tratar esta cuestión, que no es más que un arma para construir acusaciones y sospechas sobre el adversario aunque sea, tristemente, a costa de la salud de nuestro valioso Estado de Derecho.

Las reglas del juego parecen sencillas: los tres poderes del Estado deben estar sometidos a control democrático. En consecuencia, la soberanía popular ha de verse reflejada en la elección de los llamados a integrar especialmente el Parlamento, el Gobierno de España y el Consejo General del Poder Judicial. Para el último de ellos el sistema de elección, según dispone la norma, consiste en que el Congreso y el Senado elijan por mayoría de tres quintos a cuatro miembros respectivamente entre juristas de reconocida competencia y, además, seleccionen con la misma mayoría a doce jueces escogidos entre una terna de treinta y seis a propuesta de las asociaciones judiciales. Ciertamente, este proceder puede resultarnos más o menos adecuado y es justo reconocer que existe un interesante debate sobre el posible perfeccionamiento de la elección, no obstante manejamos una certeza incontestable: la renovación no puede aplazarse ni un día más por una cuestión de limpieza institucional. La urgencia se ha convertido en el argumento preponderante en tanto en cuanto encontramos lamentables ejemplos como el del Defensor del Pueblo, que lleva más de cuatro años inmóvil, o del propio Consejo General del Poder Judicial, que acumula un retraso en su actualización de más de dos años.

En cualquier caso, resulta muy difícil entender que una formación política de tradición democrática, abocada a grandes pactos y legataria de parte de la arquitectura constitucional española como es el Partido Popular, decida plantear una huida hacia adelante fundamentada en debates forzados en torno a la idoneidad de un procedimiento sobre el que nunca habían objetado cuando en el pasado las urnas les fueron más amables. Lo peor es que ni siquiera resulta sorprendente: nuestro país ha vivido este bloqueo en tres ocasiones -antes en 1995 y en 2006, respectivamente- todas ellas precipitadas por la derecha cuando carecía de poder suficiente para actuar a su antojo. Sin duda, asistimos a una asfixia con precedentes donde el Gobierno de los jueces no se proyecta como un bien necesario para nuestro país sino como posible cenotafio para el actual presidente del Gobierno. Roza la perversión.

Aún queda una apelación pendiente: es incomprensible que los actuales miembros del Consejo General del Poder Judicial se mantengan en sus puestos, incólumes y como si este problema no fuera con ellos. Sin duda, se espera más arrojo en la defensa de nuestro Estado por parte de quienes le sirven a tan alto nivel. España no merece 1.001 noches de lamentable secuestro.