¿Nuevo estado de alarma?

El Gobierno no descarta un segundo estado de alarma a finales de septiembre si los contagios no dejan de aumentar. Es la fecha que se ha planteado en el primer comité de seguimiento tras las vacaciones con la incorporación de la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón. El Gobierno ya no puede evitar ­­el término “segunda ola” con los brotes sin control que circulan por toda España. Sin embargo, y según las fuentes consultadas, se trataría de la segunda opción de Moncloa.

Sánchez se mantiene firme y sigue explicando en público y en privado que la primera opción pasa por mantener la coordinación con las comunidades autónomas para que hagan frente a la pandemia[contexto id=»460724″]. No quiere otro mando único, a sabiendas de que la Fiscalía se inclina por rechazar las 51 querellas que se han presentado contra el presidente y otros miembros del Gobierno por la mala gestión de la crisis sanitaria. El TS decidirá si hay motivos para investigar.

El gabinete de Sánchez apuesta esta vez por ‘laissez-faire’ a los presidentes autonómicos para señalarlos como autoridades responsables, mientras cierra el ocio nocturno y prohíbe el tabaco en la vía pública. De hecho, ese sería el plan que contempla el Gobierno si las medidas aprobadas en estas semanas no disminuyen los contagios y los hospitales se vuelven a saturar: decretar un estado de alarma donde los líderes autonómicos sean las “autoridades delegadas competentes” y no el Ejecutivo. De esta manera, el Gobierno se seguiría ‘lavando las manos’ en cuanto a responsabilidad sobre la gestión de la pandemia en las respectivas comunidades y podría aplicar las restricciones en materia de movilidad, como solicitan algunos presidentes.

Las fuentes consultadas en Sanidad consideran que, limitando la movilidad en territorios o núcleos definidos, se podría frenar el virus y “la actividad empresarial sufriría menos que si se decretara un segundo confinamiento en todo el territorio nacional”. El propio Fernando Simón dio pistas de ello en rueda de prensa tras asegurar que “se podrían decretar confinamientos en puntos concretos y tendría mucho sentido hacerlo”. Pero, “todo está por ver y por cómo se desarrolle la situación epidemiológica en estas semanas”, aseguran desde el Gobierno.

La incertidumbre continúa y la paciencia vuelve a agotarse entre empresarios y sanitarios. La situación de las residencias sigue siendo preocupante y parece que el Gobierno no ha aprendido nada. La patronal, que ya viene siendo ninguneada desde que el Ejecutivo sentó a Bildu en su lugar para negociar la reforma laboral, también exige que se reanude el diálogo social y la incorporen a las reuniones para tratar los brotes en las residencias de mayores.

Pablo Iglesias se ha puesto a trabajar y este lunes por fin se coordinó con las distintas comunidades autónomas para actualizar los documentos técnicos de recomendaciones elaborados durante los meses de marzo y abril, donde se evita la salida de los ancianos y que sus familiares pudieran irlos a ver. Iglesias negó tener responsabilidad alguna sobre la gestión de la pandemia en las residencias, cuando el mando único por aquel entonces –Salvador Illa– le nombró responsable de los Servicios Sociales de toda España el pasado 19 de marzo.

En esta tercera reunión, el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Ignacio Fernández-Cid, pide a Iglesias que el diálogo sea, primeramente, entre Sanidad y Servicios Sociales, algo lógico, asegurando que ambos ministerios no mantienen comunicación respecto a este asunto primordial. Desde las residencias piden ayuda. Aseguran que no se ha reforzado ningún protocolo y que el Gobierno aún discute si paga los test PCR a los profesionales de estos centros a su vuelta de vacaciones o los deben de abonar los responsables de las residencias.

De nuevo, la comunicación y la coordinación siguen siendo las debilidades del Ejecutivo a la hora de afrontar la pandemia. El Gobierno debería tomar nota de los casos de éxito de la primera ola para modificar o tomar las medidas adecuadas que impidan valorar un segundo confinamiento. El drama de las residencias provocó que cada responsable echara la pelota en el tejado de Sanidad, sin asumir ninguna culpa. El Gobierno continúa sin publicar, hoy en día, el informe detallado con el número de fallecidos exacto. Una promesa que hizo en abril. El coronavirus nos ha impuesto una pausa para recapacitar y sería bueno aprovecharla para, verdaderamente, no dejar a nadie atrás.