Sombras de culpa sobre el nuevo gobierno de Kenia

La violencia, al menos en algunas áreas de la antigua colonia británica, fue el resultado de planificación y organización en la que tomaron parte políticos y hombres de negocios

Kenia fue uno de los países que acogió con entusiasmo la creación de un Corte Penal Internacional (CPI). Pese a la presión de Estados Unidos, Nairobi se sumó a una corriente regeneradora que quería evitar que la impunidad siguiera campando por sus respetos en muchas regiones del mundo, y para que los responsables de crímenes como el genocidio o de lesa humanidad que no pudieran ser enjuiciados en sus propios países fueran sometidos a un tribunal ecuánime y con recursos que impartiera justicia y fuera ejemplar. Lo que los parlamentarios kenianos que signaron la adhesión al tratado que creaba el CPI no podían sospechar es que la cúpula de su propio gobierno iba a experimentar en carne propia esa medicina. El vicepresidente keniano, William Ruto, líder de la etnia kalenji, compareció el miércoles 11 de septiembre ante la sede del CPI en la ciudad holandesa de La Haya, para responder de la acusación de crímenes contra la humanidad por las matanzas ocurridas tras las elecciones de 2007, que llevaron a la muerte a más de mil personas, forzaron a más de 600.000 kenianos a huir de sus casas y pusieron al país al borde de la guerra civil. Dentro de un mes o dos está previsto que siga sus pasos el nuevo presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, líder de los kikuyus.

A pesar de que tanto Ruto como Kenyatta fueron acusados de incitar al odio racial y la limpieza étnica contra otras comunidades, el año pasado sumaron fuerzas, lo que les permitió asegurarse la victoria en los comicios parlamentarios y presidenciales, en gran parte reconduciendo las rivalidades tribales contra el mismo tribunal a cuya autoridad el Parlamento keniano –por el principio de subsidiariedad- debía obediencia cuando sus propios jueces –como es el caso- se mostraran incapaces de juzgar crímenes tan horrendos como los que presuntamente cometieron o incitaron a cometer sus ahora cabecillas políticos.

En un artículo publicado esta semana en el “International Herald Tribune” por Kofi Annan, ex secretario general de la ONU y ex miembro del panel de personalidades creado en 2008 por la Unión Africana para mediar en la crisis keniana, reclamó “justicia para Kenia”. Una de las conclusiones de aquella investigación fue que la violencia, al menos en algunas áreas de la antigua colonia británica, fue el resultado de planificación y organización en la que tomaron parte políticos y hombres de negocios. Para quebrar el perverso ciclo de la violencia, el panel propuso que se creara un tribunal especial que llevara ante la justicia a los principales responsables. Sin embargo, anticipándose al desenlace –maniobras de los implicados recurriendo a todo tipo de triquiñuelas políticas y legales- proponían en última instancia elevar el caso al CPI. Annan deplora los intentos de ensuciar la imagen de la Corte Penal Internacional con soflamas como que su pretensión de juzgar a sus líderes representa un ataque inadmisible a la soberanía de Kenia. Aunque Kenyatta y Ruto se mostraron dispuestos a cooperar con el CPI, el Parlamento que controlan votó la semana pasada para que Kenia abandonara la corte que tantas esperanzas desató, pero que hasta ahora –y tras un proceso de seis años- solo ha sido capaz de condenar a una persona, el “señor de la guerra” congoleño Thomas Lubanga.