Memoria histórica en Chile

La revisión de la memoria histórica siempre lleva a un enfrentamiento entre partidarios y detractores, los cuales esgrimen argumentos que nos resultan muy familiares en España.

El gobierno de Michele Bachelet, en su segundo mandato, pretende acabar con la Ley de Amnistía vigente todavía hoy en Chile. Esta ley, aprobada en el año 1978, permitía indultar los crímenes cometidos en los primeros cinco años del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), los más violentos del régimen. Sólo por poner algunas cifras, se estiman en torno a 3.200 el número de muertos y de unos 38.000 el de torturados durante esos años.

Para ello se han enviado dos propuestas de ley de carácter urgente. La primera, un proyecto para la anulación de cinco artículos de la norma del régimen militar actual y, una segunda, en la que se plantea una reforma del Código Penal en su artículo 93. El propósito de estas reformas es la adecuación de la legislación chilena a la legislación internacional en materia de derechos humanos. Se prevé además que las nuevas propuestas de ley tengan un carácter retroactivo, lo que permitirá reabrir casos y juzgar a quienes se beneficiaron de la todavía vigente Ley de Amnistía.

Aún con todo, esta iniciativa tiene cierta carga de simbolismo. Por una parte, la fecha elegida para su anuncio coincide con la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con el octavo aniversario de la muerte de Pinochet. Por otra parte, por el hecho de que algunos jueces llevan varios años saltándose de facto la Ley de Amnistía, acogiéndose para ello a convenios internacionales suscritos antes de la dictadura de Pinochet. Así, la justicia del país ya ha condenado a unos 60 militares del régimen, incluyendo al jefe de la policía secreta durante el régimen de Pinochet, el coronel Manuel Contreras, que cumple más de 300 años de condena.

La revisión de la memoria histórica siempre lleva a un enfrentamiento entre partidarios y detractores, los cuales esgrimen argumentos que nos resultan muy familiares en España. La presidenta Bachelet ha manifestado que la memoria del país “no es un lastre, sino el motor de nuestra responsabilidad con el presente y el futuro”. En el frente contrario, Ernesto Silva, presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), ha salido al paso advirtiendo de que la nueva ley “reabrirá las heridas”.

Al contrario de lo que pasó en el anterior mandato de Bachelet, la anulación y derogación de la actual Ley de Amnistía parece bastante probable dado que el Partido Socialista cuenta con mayoría en ambas cámaras. Habrá que ver sus efectos reales y si otros países, con pasados regímenes oscuros, toman nota.