Rato y la declaración 750

La sociedad sigue esperando que se acaben, de una vez, las trampas. Que no haya ningún resquicio legal por donde pueda colarse ningún tramposo más: Se llame Pujol, Griñán, Chaves o Rato.

La detención de Rodrigo Rato ha causado otro sobresalto más en la ya muy agotada y defraudada sociedad española por los innumerables casos de corrupción que no dejan de aparecer.

No obstante, en esta última investigación abierta a cerca de los presuntos delitos que ahora se le imputan al ex ministro de economía y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional, conviene matizar algunos detalles.

La conocida como “amnistía fiscal”, técnicamente denominada “regularización extraordinaria”, supone una segunda oportunidad para los contribuyentes que quieran regularizar sus deudas tributarias no declaradas, pagando una cantidad determinada a cambio de su condonación y sin miedo a la persecución penal.

Tanto los gobiernos del PSOE como el actual del PP dieron cobertura legal a las condonaciones de esas deudas tributarias, ‘validando’ de esa forma los fraudes fiscales cometidos con anterioridad. El Real Decreto Ley 12/2012, de 30 de marzo, fue el último instrumento que se utilizó para tal fin.

Pues bien, esas amnistías fiscales, que tanto irritan a los contribuyentes que cumplen regularmente con el fisco, y que siempre han estado muy mal vistas a ojos de juristas, por no ver su encaje constitucional, sobre todo con el dictado del artículo 14 (recuerden, todos debemos ser iguales ante la ley), podrían haber servido también para tender una trampa al ex vicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato.

El antiguo director del FMI se acogió en 2012 a la amnistía fiscal mediante el llamado Modelo 750. Y lo hizo, bajo la cobertura legal que le ofrecieron sus, otrora, compañeros de partido. Ahora, junto a él, figuran otras 704 personas en una lista de investigados por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales.

Lo que la sociedad sigue esperando es que se acaben, de una vez, las trampas. Que no haya ningún resquicio legal por donde pueda colarse ningún tramposo más: Se llame Pujol, Griñán, Chaves o Rato. Para ello, serían necesarias dos premisas fundamentales:

Limitar y controlar el poder del legislador y preservar y respetar el poder independiente de la Justicia.