La lucha de Otegi

Dentro de unos meses se celebrarán las elecciones autonómicas en el País Vasco. Si nada lo impide, Arnaldo Otegi será candidato a la presidencia del Gobierno Vasco por EH Bildu. Ese «si nada lo impide» refleja un fracaso histórico. No de los politicos ni de la justicia -es muy cómodo responsabilizarlos de todo- sino de los ciudadanos.

Otegi era ciudadano de un país democrático cuando decidió integrarse en ETA para luchar, precisamente, contra ese país democrático. Compartió militancia en la banda terrorista con otros ciudadanos españoles de renombre: José Ignacio de Juana Chaos, Josu Zabarte, Francisco Javier García Gaztelu o Antonio Troitiño entre muchos otros. Puso en práctica algunos de sus métodos: fue condenado a seis años de cárcel por el secuestro de Luis Abaitua. Y, obviamente, aceptó y defendió los otros: los asesinatos, las amenazas y el acoso contra quienes eran considerados enemigos en esa lucha. Aceptó y defendió los asesinatos, las amenazas y el acoso porque él y su organización pretendían imponer un régimen nacional/socialista en una región de España. Las vidas de sus conciudadanos (de San Sebastián, Bilbao, Vitoria, Madrid, Barcelona, Zaragoza…) no valían nada.

Unas horas antes del 18 de julio de 2016, Otegi dejaba este mensaje en Twitter: «Pasaron, pero aquí seguimos luchando y de pie. No volverán a pasar. ¡Euskal Herria siempre antifascista!»
Otegi y sus compañeros no pasaron; ya estaban aquí. Lucharon contra todo aquello que hace de España una sociedad de libres e iguales, contra todo lo que, precisamente, intentaba alejar aquel 18 de julio. Lucharon con bombas, pistolas y secuestros contra jueces, policías, militares, periodistas, políticos, contra cualquier ciudadano que no fuera de los suyos. Su lucha no se puede llamar violencia, concepto impreciso, ni guerra. Fue terrorismo.

Y perdieron. Hoy sólo les queda la vía política, y venden el desmantelamiento de su estructura terrorista como una decisión propia. No debería ser candidato a presidir una comunidad autónoma alguien que tomó parte en el terrorismo de ETA. Y no deberían ser los politicos ni los tribunales quienes lo impidieran, sino los ciudadanos. Es una exigencia moral mínima.