El acuerdo ya existe

Algo que no se puede reprochar a los partidos nacionalistas es su empeño en despejar todas las dudas acerca de la suerte que desean al Estado que rechazan y desdeñan. En un ejercicio de trabajada complicidad con su electorado, el PNV y Convergència pactaron con el PP la composición de la Mesa del Congreso a cambio de un grupo propio en la misma cámara para los independentistas catalanes. Con menos de veinticuatro horas de diferencia, ambos partidos abominaron de la posibilidad de que Mariano Rajoy presida el próximo Ejecutivo y animaron al líder socialista a encabezar un gobierno al que ofrecieron su apoyo, aferrados a la posibilidad de que la participación de Podemos en éste les permita sacar (otra) tajada.

La maniobra no es fruto de la cara de cemento de los nacionalistas sino del hecho de que su electorado es sabedor de que para Covergència el denostado ‘Estat espanyol’ es una contingencia instrumental que hay que exprimir al máximo para garantizarse la clave de bóveda de su supervivencia política, a saber, mantener la preeminencia en territorio catalán. En consecuencia, sus votantes consienten todo tipo triquiñuelas si al tiempo se les sigue prometiendo el horizonte de la independencia. Claro que se hace fácil desenvolverse sin riesgo cuando se decide sobre la gobernabilidad de un Estado que se pretende destruir. Sin embargo, no es esa extraña posición de ventaja la que cabe reprochar sino la comodidad con que se han venido tolerando estas jugadas por parte de quienes teóricamente defienden la unidad constitucional de España.

La lección citada debe tener su miga puesto que el PP parece exhibir orgulloso su ‘cortesía parlamentaria’ y el PSOE no ha descartado la invitación de los nacionalistas, quienes le instan a intentarlo de nuevo. El pasado miércoles el Parlamento catalán aprobó por mayoría desobedecer al Tribunal Constitucional, un hecho que agrava toda muestra de complicidad entre partidos constitucionalistas y desleales. La larga lista de escarmientos nos previene y nos reclama precaución antes de exigir que los principales dirigentes españoles den de bruces con la realidad y pongan fin al hastío que provoca el eterno teatro de la formación de gobierno. Un gobierno que ha de servir para garantizar que existe alguien dispuesto a hacer prevalecer el marco de convivencia de que nos dotamos todos los españoles.

A pesar de todo, sigo convencida, con la ratificación de la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas, de que dicho cometido acabará imponiéndose. PP, PSOE y Ciudadanos suman más de 250 diputados en el Congreso y están llamados a facilitar la evidencia de que el consenso constitucional no es una ficción. El desafío catalán les ofrece la oportunidad de demostrar que ese acuerdo del que depende la formación de gobierno ya existe y cuenta además con el beneplácito popular. La demora en esta asunción sólo perjudica los intereses generales: de haberse percatado el día después de las elecciones, no existiría un ‘grupo catalán’ en el Congreso ni los independentistas andarían preguntándose qué pueden seguir obteniendo a cambio de unas diferencias irreconciliables que no existen.