El Estado mirón

El Parlamento Británico ha aprobado la Ley de Poderes de Investigación. Añádase “Absolutos” y tendremos una descripción certera de esta norma. La promovió Theresa May cuando era ministra de Interior y, por descontado, la ha apoyado desde la primacía del consejo de ministros. La norma permite al Estado acceder a los ordenadores y teléfonos de los ciudadanos, y hurgar en el rastro digital, tanto el público como el privado.

La tecnología, cuando hace de intermediaria, siempre ha documentado nuestra comunicación. Pero ahora su rastro es mucho mayor, y permite crear de cada uno de nosotros una identidad digital, un retrato cosido con infinidad de retazos que elaboramos nosotros mismos con todo lo que nos importa y nos llama la atención. La tecnología, también, permite recabar esa ingente cantidad de información, analizarla, y discriminar a los ciudadanos en función de lo que piensen. La ley inglesa permite al Gobierno alimentarse de eso, pero también de las huellas de las acciones privadas de los ciudadanos. Es, dicen los críticos, “la ley de vigilancia más extrema jamás aprobada en una democracia”.

El Estado, que es el gran criminal, mira a los ciudadanos como deberíamos verle a él, como potenciales criminales. El objetivo declarado de la ley es protegernos, bien sur, de los terroristas. Pero hay una ley histórica, que se cumple como la de la gravedad, que veremos en el Reino Unido como la hemos visto en los Estados Unidos. Primero, las leyes que suponen una invasión de nuestra libertad se justifican por un peligro exterior. Antes, la guerra; ahora, el terrorismo. Da igual cuál sea su amenaza real, su mera presencia es suficiente para que nos quite las libertades sin tener que atacarnos ni una sola vez. Y segundo, una vez con el martillo en la mano, el Estado empieza a ver clavos por todos los lados. Hoy es el terrorismo, mañana la lucha contra el fraude fiscal, pasado el consumo de drogas… no hay límite para el martilleo al ciudadano.