Prostitutas

La prostitución es uno de esos debates que tiene la capacidad de poner de acuerdo a personas de distinta adscripción ideológica y de enfrentar a compañeros de causa. Son muchos los progresistas que comparten con los liberales la necesidad de regular la actividad. Los primeros aluden a la necesidad de que el ejercicio de la prostitución no quede fuera del escrutinio institucional. Solo así, aseguran, podremos garantizar que se realiza en condiciones de dignidad, salud y seguridad para las trabajadoras, al mismo tiempo que las dotamos del reconocimiento pleno de sus derechos laborales. Los liberales, por su parte, arguyen que no se puede prohibir una relación contractual libre entre dos individuos adultos, al tiempo que señalan los beneficios que el afloramiento de una actividad económica clandestina reportaría al estado en forma de tributos.

Asimismo, la prostitución tiene la capacidad de enfrentar a los miembros del colectivo feminista. Una parte de ellos aboga por una regulación que permita a las trabajadoras del sexo adoptar libremente decisiones sobre su cuerpo y su desempeño profesional, así como empoderarse, posicionándose en pie de igualdad con los empleados de otras profesiones. La otra parte ve en la legalización de la prostitución un ejercicio de sometimiento y cosificación de la mujer, la degradación de su integridad física y moral, y la legitimación y perpetuación de roles de dominación masculina.

La voluntad abolicionista se revela utópica: es imposible erradicar la prostitución. Pero la alternativa legalizadora tampoco es una solución mágica, pues, aunque la despenalización protege a las trabajadoras voluntarias, no consigue acabar con el tráfico ilegal de personas.

Ante esta disyuntiva se ha proclamado una tercera vía intermedia entre la despenalización y la prohibición. El modelo, implementado en Suecia, persigue y penaliza a los clientes de la prostitución, al tiempo que tolera a las prostitutas. Se trata de sancionar la demanda y no la oferta, de forma que las trabajadoras no sean doblemente victimizadas. El sistema se ha mostrado eficaz para reducir el volumen de prostitución, pero presenta algunos problemas.

El trabajo realizado por diversos investigadores ha puesto de manifiesto que el modelo sueco tiene consecuencias contraintuitivas, reduciendo el volumen total de prostitución pero incrementando el tráfico de mujeres, y perjudicando más a las trabajadoras voluntarias que a las mafias.

Por otro lado, apelar a la libertad de la mujer para decidir es sin duda un argumento noble para defender la regulación. Sin embargo, las estadísticas señalan que son minoría las trabajadoras que ejercen la prostitución de manera voluntaria, habiendo un alto porcentaje de ellas que son víctima de la trata de blancas y de otros delitos que suelen rodear esta actividad, como las agresiones y las violaciones.

No obstante, no podemos negar la existencia de estas de trabajadoras voluntarias. El hecho de que representen a una minoría no debería hacernos desistir en nuestro empeño por garantizar su libertad y sus derechos. ¿Cómo podemos, entonces, proteger el libre ejercicio de las prostitutas voluntarias al tiempo que combatimos a las mafias que trafican con personas?

Una de las soluciones planteadas desde la academia propone la creación de espacios seguros donde se pueda ofrecer y adquirir servicios sexuales. Las trabajadoras que ejerzan en estos “puertos seguros” estarán obligadas a inscribirse en un registro y obtener una licencia para su actividad. Al mismo tiempo, sugiere que los clientes que hagan uso de servicios sexuales fuera del marco regulatorio sean severamente sancionados. Este sistema respetaría a las trabajadoras voluntarias y permitiría una fiscalización de la prostitución, asegurando la protección de las mujeres, la atención médica y psicológica, y facilitando la erradicación de las mafias.

Seguramente, muchos encontrarán argumentos para criticar algunos de los elementos de la propuesta. Sin embargo, este modelo puede servir para iniciar un diálogo que permita superar la pasividad con la que los partidos políticos tradicionales han abordado la prostitución en nuestro país. Se trata de una cuestión en la que se ven implicados los derechos personales, la identidad individual, la igualdad entre hombre y mujeres, la libertad sexual o la protección de las minorías. Todas estas características lo convierten en uno de los temas llamado a ocupar la agenda política en los próximos años.