Justicia sin sentimientos

Las sentencias cumplen en el ruedo ibérico un doble cometido: tanto enjuician y determinan una causa como, no sé si por acción u omisión, emiten un juicio crítico, o un retrato, sobre la sociedad en la que persisten. Daños, benditos daños, colaterales del Estado de derecho, acaso. Lo vemos con frecuencia en las reacciones del español medio a las noticias vinculadas a casos de corrupción –que en el argot jurídico se apodan cohecho, malversación, tráfico de influencias-: “Más años le deberían haber caído”, “poco es para lo que ha hecho”, “la justicia es un cachondeo”. Estos comentarios se deben a que al individuo en cuestión no le satisfacen las penas, las instrucciones o los años de pena de prisión, pues en su criterio el resultado o el, perdón por la exageración, castigo no se corresponde con el hecho delictivo que aquí los magistrados tratan de dirimir. Pero, ah, el asunto no es tan simple, y detrás de toda esta nimiedad se esconde un complejo laberinto de intereses y conductas.

Desconozco si este comportamiento es usual en otras naciones, pero en España no cesa. Un ejemplo: la condena de dos años al ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, por perpetrar ese esperpento que llamaron referéndum. Sí, el del 9 de noviembre. Los apuntes no se han demorado. En la mayoría de los casos tratados, personales, y leídos, vecindario del post y los 140 caracteres, la disconformidad es notable. Y es que nadie anduvo satisfecho, ya sea por exceso o por defecto. Hay dos grupos: los que creen en que es un final decepcionante, que más dura debía haber sido la pena; y los que piensan en que todo es una exageración, como así lo estima Pablo Iglesias, quien a golpe de tratado tuitero consideró que condenar a una persona por sacar las urnas a las calles es un despropósito. Es evidente que Mas no solo sacó las urnas a las calles sino que en esas urnas propuso una secesión que vulnera cualquier precepto constitucional. Iglesias, al ser jurista y politólogo, lo sabrá, claro: por eso mismo sesga tal advertencia. Pero bueno, para qué mayores indicaciones sobre los modos de lo que ya cansa. En este caso, la situación se presta más al humor que al análisis.

Lo que aquí ocurre es una colisión entre ideología y derecho, choque de trenes del que, a pesar de todo, la justicia española escapa con la destreza que da el conocimiento; es decir, el saber qué se hace, con independencia de otras inclinaciones. Parece que nada más punk que la defensa de los tribunales como garantes del funcionamiento de la democracia, y de su sociedad, que no es más que el consenso de las leyes; vamos, el cumplimiento de sus deberes y el goce de sus derechos. Que se podría retocar y acicalar el edificio, pues claro, ¿pero dónde está el pacto que acordaron Ciudadanos y Partido Popular, pacto que, entre otros puntos, trataba una reforma en la elección de los magistrados del CGPJ? Mientras llega la buena nueva, nos conformamos con la cita del clásico, esa que dice que la justicia es la continua y perpetua voluntad de atribuir a cada su derecho. Por aquí, pese a los instintos, no cabe contrario.