La democracia del referéndum

“Elegiremos la fecha cuando más nos convenga […] Antes hay que intentar construir en Cataluña la máxima mayoría posible para que una vez convocado el referéndum salga el mayor voto posible a favor del sí”. En su fase terminal, el metraje del proceso separatista se ha deteriorado tanto que a uno le cuesta, a veces, recordar las proclamas más desventuradas –a fuer de delatoras- que en su fase prematura ya arrojaban dudas más que fundadas sobre la calidad democrática que depararía a Cataluña de seguir a cargo de políticos irresponsables.

Las líneas que encabezan el artículo reproducen las palabras de Artur Mas en octubre de 2012, en una conversación con Jordi Évole. Entonces, Mas era presidente de la Generalitat. El reprobable argumento del ahora exdirigente catalán -según el cual, nos viene a decir, los referéndums se hacen para ganarse- viene a colación ahora que la nueva hornada de líderes independentistas vuelve a insistir en que sus demandas no tienen que ver con la secesión sino con la democracia. La treta persigue tildar a todo aquel que se oponga al referéndum contrario a la legalidad de anti-demócrata.

Nunca está de más recordar que sólo el cauce legal y el respeto a las reglas de juego garantizan, en todo proceso político, los derechos y las libertades de sus ciudadanos. Así, la senda de la fragmentación unilateral de la soberanía nacional tiene un difícil recorrido democrático. Cabe recordar cómo desestimo el TC alemán el recurso del partido proindependentista bávaro: «en la República como Estado nacional la soberanía recae en el pueblo alemán, por lo que los estados federados no son dueños de la Constitución».

Pero incluso en el supuesto de que España constituyese una anomalía en el seno de los Estados de Derecho y un gobierno autonómico pudiera imponerse al conjunto de la ciudadanía, las garantías democráticas del llamado proceso catalán, comenzando por la neutralidad institucional, parecen mermadas desde el pistoletazo de salida, cuando Mas se guardaba de dar la voz a los catalanes habiendo condicionado al máximo su respuesta de antemano.

Tampoco quienes siguen con su plan arrojan mucha esperanza al respecto de la calidad democrática del proceso secesionista. Las últimas noticias al respecto anuncian amenazas a los funcionarios catalanes, cambios reglamentarios pensados para declarar la independencia perpetrados de espaldas a la oposición y simpáticos sondeos a la ciudadanía sobre la importancia de cumplir las leyes. Nos instan, a quienes nos oponemos a su referéndum, a no llamarlo “referéndum secesionista” sino referéndum democrático. Olvidan que aguardan con impaciencia para declarar una ley que mantienen escondida en un cajón y que prevé romper con el Estado de Derecho, lo que da cuenta de hasta qué punto el eventual resultado democrático ha dejado de importarles. Aunque, con una breve hemeroteca, vemos que nunca les importó.