Haréis de mí un extranjero

La secesión en democracia es el mayor de los pecados.

Michael Ignatieff

Tengo –tenemos– dificultades para hacer entender a mucha gente la gravedad de cuanto sucede en Cataluña. La dificultad es considerable con el español del resto del Estado, que no sospecha que hay en marcha un golpe para sustraerle una amplia porción del ámbito geográfico donde se despliegan sus derechos de ciudadanía. La dificultad, en cambio, es máxima cuando se intenta hacer ver a los independentistas, que en muchos casos son conocidos, amigos o familiares nuestros, el verdadero sentido de la empresa que apoyan. Este no es otro que el de hacernos extranjeros al resto de los españoles. Ciertamente, si nosotros, sus amigos, sus familiares, sus conocidos, fuéramos esa fuerza de ocupación o colonizadora de la que a veces se habla, echarnos del territorio podría estar justificado. Pero no lo somos, ninguna mente sana puede sostener que lo seamos. Somos conciudadanos, iguales en obligaciones y derechos. Y quien pide el referéndum de independencia no pide ni más ni menos que esto: el derecho a decidir qué ciudadanos de tu comunidad se desea conservar y cuales pasarán a ser extranjeros. Es decir, una votación para quitar derechos a terceros, lo que no parece muy democrático.

Lo hemos dicho más veces. La democracia no es el acto de votar. La democracia es la extensión universal del estatuto pleno de la ciudadanía, y perdón por la autocita: «El programa democrático a lo largo de la historia ha sido este: el de anular situaciones de subalternidad —mujeres, pobres y esclavos— ampliando así el grupo de los ciudadanos revestidos de plenos derechos políticos y civiles. La abolición de la esclavitud, el sufragio universal masculino y femenino y la creación de los mecanismos de provisión de bienestar son hitos de ese programa. Democracia, insisto, es decir: en nuestra ciudad no hay ciudadanos de primera y de segunda; la lengua, el género, la raza o el nivel de ingresos no justifican diferencias en el catálogo de los derechos. Que este ideal se vea a menudo incumplido en la práctica no lo ha derribado como el ideal al que nos hemos atado».

Creo que esto se verá mejor si ponemos algunos ejemplos. En democracia, los ricos no tienen derecho a autodeterminarse de los pobres. Los hombres no tienen derecho a autodeterminarse de las mujeres. Los blancos no tienen derecho a autodeterminarse de los negros. Los heteros no tienen derecho a autodeterminarse de los gays. Los católicos o los musulmanes no tienen derecho a autodeterminarse de los ateos. Cualquier intento de estos grupos de segregarse políticamente sería acogido con estupor e indignación. Que tantas cabezas pensantes sean incapaces de aplicar la misma lógica a la posibilidad de que catalanes o vascos se autodeterminaran del resto de los españoles se debe a que mientras ya nadie cree que se deba discriminar por raza, renta, sexo, color de la piel o fe, todavía hoy es habitual pensar que se puede dividir a la población por razones de pertenencia nacional o etnolingüística. Porque se es “un pueblo”, se tiene derecho a la autodeterminación. Pero no. No está nada claro qué pueda significar en el siglo xxi el ectoplasmático concepto de “pueblo”, pero sea lo que sea, si vivimos en democracia, por encima ha de estar la ciudadanía común, que nadie tiene derecho a destruir.

Naturalmente, no aceptará mi razonamiento quien crea que tal ciudadanía común no existe, que catalanes y españoles pertenecemos a ciudadanías disjuntas. No es así: la ciudadanía es la misma. Elegimos representantes a los mismos órganos, y yo podría votar en Cataluña con tal de empadronarme allí, igual que un catalán podría votar en Madrid, como un madrileño más, trasladándose a Madrid. A ninguno nos pedirían el pasaporte para hacerlo, como ocurriría en Francia o en Estados Unidos. Esta ciudadanía compartida también se extiende al ámbito de los deberes. Parte de mi riqueza, que el Estado ha redistribuido en mi nombre al recaudar impuestos, también ha servido para financiar poderosas infraestructuras en Cataluña y me alegro de que así haya sido. La riqueza también se ha transferido en sentido opuesto, y así España se ha convertido, con los años, en un país más justo y próspero para un mayor número de personas. Porque esto va de personas y de relaciones entre personas. El “Estado” es eso: personas. Quien crea que se puede arrasar la institucionalidad de una soberanía compartida sin provocar también el derrumbe de la espesa trama de relaciones personales que ha crecido a lo largo del tiempo en ese suelo común se equivoca. Se equivoca a lo grande.

Os lo ruego. No nos hagáis extranjeros. No nos echéis del nosotros.