La trama del tesoro oculto

Una de las facetas más abradacabrantes del secesionismo en Cataluña es pretender crear un
estado “ex novo” sin tener la menor noción de lo que es un Estado. Por ejemplo: Derecho en un
Estado moderno –decía el profesor Ángel Latorre- es el conjunto de reglas de conducta
obligatorias establecidas o autorizadas por el Estado mismo y respaldadas por su poder. No deja
de asombrar que la demagogia de presuponer a la democracia por encima del Derecho haya
calado tanto en la masa independentista. Ese nacionalismo primario y recreativo no puede
asumir que todos nos hayamos puesto de acuerdo para pararnos en un semáforo que esté en
rojo, ni comprende la laboriosidad histórica que implica sustentar el “continuum” legítimo de
un Estado. En esa proliferación exponencial del absurdo, teniendo ya convocado un referéndum
ilegal, Puigdemont escribe al Rey y al presidente de gobierno para negociarlo. Es una travesura
como para sentirse rejuvenecido, como un niño hiperactivo al que le dan un helado y se calla,
hasta que exige que le den otro helado.

Ahora Puigdemont parece entretenerse jugando al escondite con el Estado, tanto por lo que
respeta al censo, las mesas y las urnas, las papeletas y el orden público como en sus decisiones
improvisadas, y propias de un “kamikaze” que no sabe pilotar el avión, sobre la financiación
camuflada del referéndum convocado para el 1 de octubre. Ahí entramos en la trama del tesoro
oculto. Sin derecho alguno a disponer de fondos presupuestarios para los pagos de un
referéndum ilegal, la Generalitat está practicando todo tipo de añagazas elementales, como si
desconociera la capacidad de control del Estado sobre el uso del dinero de los contribuyentes. El
gobierno de Mariano Rajoy se propone intensificar el desvío de recursos públicos para el
referéndum ilegal. Al pretender usar a su antojo del tesoro oculto, la Generalitat ha obligado al
Estado a ejecutar los pagos sustanciales al margen de la institución autonómica. Al
independentismo eso le lleva a la demagogia de denunciar una intervención armada y a
propugnar la desobediencia civil, aunque lo que hace el gobierno es estrictamente redirigir el
gasto hacia servicios esenciales. De todos modos, de aquí al 1 de octubre veremos reaparecer el
eslogan de España nos roba sin que de una parte se tengan en cuenta las partidas
cumplimentadas del Fondo de Liquidez Autonómica –el FLA- ni el alto riesgo, de otra parte,
que representa la tan elevada deuda pública de la Generalitat.

Es a la vez ineludible y sumamente desventurado para la estabilidad de Cataluña y la
convivencia hispánica en su conjunto que el Estado deba intervenir “hasta restaurar la
legalidad” cuando la Generalitat elude las leyes que son para todos. Esa intervención
proporcionada del Estado habrá sido una decisión más que incómoda. De hecho, nadie parece
tener más ganas de ir a la cárcel que Carles Puigdemont y a nadie se le ve con menos afán de
ejercer de carcelero que a Mariano Rajoy.