Del éxito definitivo al fracaso tolerable

La verdad pura tiene un precio en política, que es la decadencia y la esterilidad, la quiebra de cualquier consenso y, en última instancia, la ruina moral. No deja de ser una extraña paradoja, que subraya la importancia de los matices en un mundo pluralista. Y los matices son las aristas desgastadas, más que las afiladas; la humildad inteligente –y por tanto dubitativa–, más que las convicciones inamovibles. Cataluña ha salido del 21-D bajo los auspicios de una guerra cultural. Una nación, dos pueblos, que se reafirman mutuamente porque sienten en lo íntimo su identidad herida: verdades puras que conducen a una larga guerra fría –ninguno de los dos tiene fuerza suficiente para imponerse– y a la fractura social y económica, que sólo puede agravarse en los próximos años.  

Decía con acierto Manuel Arias Maldonado, en su último artículo publicado en El Mundo, que “allí donde se votan identidades, los hechos no tienen ninguna importancia”; por tanto conviene que nos atengamos a los hechos, si no queremos vernos atrapados en el remolino de las verdades puras. Los hechos constatan que los votos han sido contados una y otra vez, que las empresas se marchan, que la inversión disminuye, que la propaganda alimenta los rencores, que el catalanismo moderado ha muerto –al menos por ahora–, que los relatos se endurecen y que sólo hay perdedores, porque en la atmósfera asfixiante de la verdad pura nadie puede ganar.

Reivindicar las verdades pequeñas exige recuperar la inteligencia del consenso, que debería ser lo propio de un parlamentarismo razonable: una política que asuma las bondades de la imperfección, que se ponga a prueba a sí misma. Y, en este caso, hablamos también de las emociones que nutren a la razón o la pervierten, como es el caso del rencor o el miedo. Parafraseando a Oakeshott, más que en éxitos definitivos deberíamos pensar en “fracasos tolerables”. De hecho, en democracia, el “fracaso tolerable” constituye la masa madre de toda convivencia inteligente. Eso y, por supuesto, el imperio de la ley que garantiza nuestras libertades.