La Unión contra los populismos
Si tuviera que pensar en el acontecimiento de la Unión Europea que más me ha llamado la atención durante 2017, probablemente diría que la decisión de la Comisión de abrir un procedimiento por posible vulneración del principio de Estado de Derecho en Polonia.
Si tuviera que pensar en el acontecimiento de la Unión Europea que más me ha llamado la atención durante 2017, probablemente diría que la decisión de la Comisión de abrir un procedimiento por posible vulneración del principio de Estado de Derecho en Polonia. Fue a finales de diciembre, cuando el ejecutivo comunitario dio el primer paso para que las instituciones de la Unión declaren la existencia de riesgo para el rule of law y pidan, como primer paso, que el Gobierno que sostiene el partido de Jaroslaw Kaczynski, modifique numerosas normas que buscan controlar el poder judicial en general y el Tribunal Constitucional en particular. La Comisión, respaldada políticamente por los principales Estados de la Unión, lleva desde finales de 2015 intentando mediar para garantizar la neutralidad de los órganos contramayoritarios, pero Varsovia ve en esta actitud una injerencia intolerable.
Habrá tiempo para explicar los detalles del asunto, va para largo y temo que pueda convertirse en una piedra demasiado grande en el zapato de Juncker, si no se administra con cautela. Hoy solo quiero explicar que la Unión cuenta con un interesante fórmula de defensa de valores constitucionales compartidos. Estos valores, consignados en el art. 2 del Tratado de la Unión, hacen referencia a la democracia, el Estado de Derecho, los derechos fundamentales y la protección de las minorías, entre otros. Sin embargo, el sistema político comunitario no se limita a proclamarlos, sino que establece un mecanismo específico, en el art. 7 del Tratado aludido, para sancionar a un Estado miembro en caso de que pueda estar vulnerándolos. La sanción implica una pérdida de los derechos establecidos en los Tratados, llegando en última instancia a suspenderse el derecho a participar en las votaciones del Senado de la Unión, el Consejo de Ministros.
No es la primera vez que Europa se ve obligada a vigilar estrechamente a uno de los miembros del club. Lo hizo a comienzos de la década de 2000 con el Gobierno de Haider en Austria. Sin embargo, es en los últimos años cuando la Comisión ha tenido que generalizar la vigilancia, particularmente en el momento en el que en Europa aparecen partidos populistas que no solo tienen más presencia en los Parlamentos, sino que como en el caso de Hungría o Polonia, alcanzan amplias mayorías para reformar y de paso pervertir elementos clave de sus sistemas constitucionales.
Mientras el día de Año Nuevo escuchaba el famoso concierto de Viena, me acordaba de que dos dirigentes de la extrema derecha habían entrado a puestos clave del reciente Gobierno de Sebastian Kurz. La sensación no era, sin embargo, de total aflicción: alguien patrulla Europa para defender las democracias que tanto han costado fundar y consolidar. Quizá hemos aprendido como continente lo que aún no hemos asimilado como naciones, ya saben, eso de que no todos los proyectos políticos son posibles y deseables. Curiosa paradoja.