Sin aceptación no hay rectificación

La pasada semana se cumplió un año del golpe parlamentario del nacionalismo catalán. La lección principal de aquel episodio es que el independentismo es un movimiento político dispuesto a suspender la democracia representativa a conveniencia de la culminación de su proyecto de secesión, y no al revés, puesto que consideraron las garantías democráticas que otorgan derechos y libertades a los ciudadanos algo menor al lado del advenimiento de la República. En resumen: es como si hasta entonces supiéramos que los dirigentes separatistas no celebraban la Constitución española por “española”, pero ahora sabemos que tampoco comparten los valores fundamentales que la cimentaron: separación de poderes, libertad ideológica, etc.

No es que se necesitaran sobradas dotes de análisis de la realidad para comprobarlo, habida cuenta de su manifiesta costumbre de erigirse como adalides del pueblo y de las alusiones recurrentes a la voluntad popular como exclusiva fuente de legitimidad. Quizá por esto han dado de que hablar, estos días, algunas declaraciones de los líderes separatistas que protagonizaron desde primera fila los hechos del otoño pasado. Junqueras ha descubierto que “la política de frentes alimenta el frentismo” después de cinco años presidiendo un partido cuyo principal objetivo es apuntalar una Cataluña excluyente para, como mínimo, la mitad de los ciudadanos; Tardà ha calificado de “estúpida” la voluntad de imponer unilateralmente la independencia -no hace falta ni comentarlo- y Rufián ha reconocido que “necesitamos [los independentistas] ser más”, a lo que cabe replicar que si no hay mayoría social, adiós a su manido mandato democrático.

Sea por ingenuidad o directamente por interés, no han faltado las voces que se han apresurado, a mi juicio, a hablar de rectificación dentro de las filas de ERC. El primer jarro de agua fría a ese deseo de parte de la opinión pública y mediática lo han brindado las recientes palabras de Torra, no sólo con su llamamiento a la movilización permanente -entendamos siempre, de media Cataluña contra la otra-, sino porque ha tardado horas en desmentir que al separatismo le falte respaldo social. “Me niego a aceptar que no somos mayoría”, lamentaba como quien rehúsa acatar la ley de la gravedad. Así, en el mejor de los casos, podría hablarse de una suerte de reparto de papeles entre las dos grandes fuerzas separatistas pero en ningún caso de una retirada. Desde luego, ERC haría de poli bueno, al no cumplir los requisitos mínimos para ese rol el partido pilotado por un señor con textos supremacistas.

En todo caso, en lo que respecta a la otra mitad de catalanes, las diferencias son nimias. Y por eso conviene enfriar toda expectativa. Comienza a ser especialmente agotador, por no decir humillante, que el gobierno autonómico sólo se dirija a los no separatistas con alusiones a lo que llaman “ensanchar la base social”, como si convertirnos fuera el único plan para nosotros. En lugar de reconocer a la parte de la ciudadanía no independentista como interlocutor, posponen ese entendimiento al momento en el que un porcentaje de nosotros vea la luz. Y en eso coinciden el poli bueno y el poli malo. Así que no hay motivos para la alegría: la retórica de confrontación seguirá mientras intentan seducirnos, salvarnos de nuestras propias convicciones que consideran erróneas. La democracia liberal, para qué. Lo cierto es que se han autodenominado soberanistas pero lo que verdaderamente complica su plan antidemocrático -además de ilegal- es el propio demos catalán, cuya mitad no independentista, me atrevo a vaticinar, cada vez opondrá mayor resistencia a conceder nada, pues ya andan sin careta.