Un relator para enfrentarlos a todos

El debate sobre el “relator” o mediador para una posible mesa de negociación de los partidos catalanes (que en realidad no incluye ni a PP ni a Ciudadanos, este último el partido que ganó las elecciones en Cataluña) ha provocado un terremoto político. Por una parte, la cesión del gobierno en este aspecto es sorprendente: durante años ha sostenido que no es necesaria una mediación en la negociación entre Cataluña y el Estado, que para eso está el parlamento. La idea de una mediación siempre ha sido una maniobra de propaganda del procés, que aspira a un reconocimiento internacional y quiere dibujar las negociaciones con el Estado como si fuera un proceso de descolonización. Por el otro lado, la figura del relator es demasiado ambigua como para justificar la desmesurada reacción de la oposición, que ha hablado de “alta traición” y ha convocado una manifestación para exigir la dimisión de Pedro Sánchez (es posible que hubiera una planeada de cara al juicio del procés, para exigir que no se produzca un indulto de ningún líder independentista); Pablo Casado ha sugerido incluso una moción de censura.

Algunos críticos con el “relator” han sostenido que se trataba de un desprecio a la democracia española y un desprestigio del parlamento español, la verdadera “mesa de negociación” de los partidos políticos (donde están, además, todos los partidos). Sin embargo, han caído en exageraciones. Se ha hablado de instituciones paralelas, casi como si se creara una asamblea constituyente al estilo Maduro para saltarse la rendición de cuentas del parlamento. Lo más grave del relator es que implica comprar, de nuevo, la propaganda del independentismo y de quienes sostienen que el conflicto no es entre catalanes sino entre Cataluña y España. Más allá de esto, no parece que sea la mayor traición a la democracia española desde el 23F, como ha dicho Pablo Casado.

La oposición, especialmente el PP, ha abusado de la inflación retórica y las hipérboles, sostiene de manera injusta que Pedro Sánchez es un presidente “okupa” e ilegítimo, y critica una decisión errónea como si se tratara de una traición que socava la democracia española. El deber de la oposición es fiscalizar al gobierno, pero eso no es lo que está ocurriendo. Al pedir a los españoles que salgan a la calle a defender la democracia frente a sus ataques está creando una alarma innecesaria. El gobierno de Pedro Sánchez ha cometido innumerables errores, en especial con respecto a Cataluña, pero la oposición ha caído en el catastrofismo y en un discurso apocalíptico que no se corresponde con la realidad.

Como ha explicado Ignacio Molina en El País, el problema principal del gobierno es que no ha explicado qué quiere conseguir con la negociación con los independentistas. Sánchez llegó al gobierno con la promesa del diálogo como sea. El objetivo era dialogar, tender puentes, y demás eufemismos. Pero cada vez que los constitucionalistas oyen “diálogo” saben que la consecuencia es siempre una cesión, a veces simbólica, otras material, a los independentistas.