Cataluña después de la sentencia

El mayor Trapero confirmó esta semana ante el Tribunal Supremo lo que hace unos días había declarado el exjefe de los servicios de Inteligencia de los Mossos, Manuel Castellví: el Gobierno de la Generalitat, con el President Puigdemont al frente, decidió no desconvocar el referéndum, a pesar del alto riesgo de desórdenes públicos que preveían los mandos policiales. Se desoyeron las advertencias, y la violencia, como sabemos, se produjo. Aunque el papel de los Mossos sigue bajo sospecha —Trapero será juzgado por rebelión por la Audiencia Nacional— es evidente que las defensas tendrán muy complicado neutralizar estos testimonios; la balanza de la justicia se ha inclinado indudablemente hacia la condena. Por esta razón, es importante comenzar a reflexionar sobre el futuro, sobre la Cataluña post-damnatio. En otras palabras, debemos comenzar a pensar la Cataluña posterior a una probable sentencia condenatoria.

El procesamiento del antiguo Gobierno de Cataluña no ha alterado en exceso el discurso, a la vez bravucón y victimista, del nacionalismo, pero es indudable que ha impelido a los actuales dirigentes a respetar los límites que impone la ley. Tras lo sucedido a sus predecesores, ni el President Torra, ni sus consejeros, ni el Presidente del Parlament, Roger Torrent, arriesgarán su libertad por un proyecto que saben imposible. El nacionalismo post procés se está definiendo por la victimización, el verbo encendido y las manos quietas. No obstante, una condena severa alterará emocionalmente el tablero político. Cabe suponer que después de la condena se decretarán nuevas jornadas de huelga, paros y cortes de carreteras. Se sucederán los peregrinajes a las cárceles, los homenajes a los presos y las hagiografías en TV3. Todo esto es previsible; la pregunta es qué efecto puede tener la condena en la sociedad civil y cómo lo abordará el Ejecutivo nacional que se forme tras las elecciones del 28 de abril.

En primer lugar, el fiasco del procés puede promover un diagnóstico equivocado: considerar que la sociedad catalana requiere, para superar la fractura social, dar «encaje» a esos dos millones de independentistas engañados y frustrados. Ya saben, el famoso diálogo, la anhelada solución política. Esto supone ignorar que quien ha intentado robar el pan no lo ha hecho por hambre, sino por avaricia.

Por otra parte, el final del juicio puede interpretarse erróneamente como el fin de un problema. La sentencia será sin duda el epílogo del procés, pero este fue sólo un síntoma del problema de Cataluña; no es el problema de Cataluña. El problema sigue siendo la honda fractura social, abierta por la aplicación estricta del programa nacionalista, que no es otro que dividir tribalmente las sociedades plurales, silenciando la discrepancia y atentando contra derechos civiles básicos que aún siguen vulnerados. Por lo tanto, la pregunta no es cómo actuará el nacionalismo después del procés, sino si la Cataluña no nacionalista reunirá las fuerzas para organizarse a fin de defender sus derechos y reclamar el espacio social y mediático que le corresponde. Por supuesto, el primer apoyo que deben lograr es el del Gobierno central, para quienes han sido tan invisibles como para la propia Generalitat. Es buena ocasión para recordar que Sociedad Civil Catalana fue una plataforma clave para vertebrar la voz del constitucionalismo durante los últimos años, y que gran parte de su mérito fue alejarse de los logos partidistas. Su voz tiene que volver a escucharse, firme y rotunda, para asegurar a los gobernantes que no se conformarán con la paz nacionalista. El peor error que puede cometer SCC, y el constitucionalismo en su conjunto, es pensar que muerto el procés se acabó la rabia.