Cataluña y el respeto a las minorías

El Tribunal Constitucional ha dictaminado que en los plenos del 6 y 7 de septiembre de 2017 en el Parlamento de Cataluña se vulneraron los derechos de los diputados no afines a la causa independentista al suprimir los trámites legales para que la oposición pudiera recurrir al Consejo de Garantías Estatutarias. Se alteró, en definitiva, el derecho de las minorías.

Pero, además de los derechos de esta minoría parlamentaria, en estas dos sesiones ignominiosas de otoño, todos los catalanes –afines o no a la causa rupturista– quedaban en un limbo legal a la espera de ese referéndum ilegal del 1 de octubre, cuyos plenos parlamentarios sirvieron para dotarlo de cuerpo jurídico y ser la herramienta para legitimar la vulneración del orden constitucional.

Otra vez, una minoría podía decidir por cauces antagónicos a las reglas democráticas sumirnos a una crisis económica, política y social, dado que el referéndum no fijaba un umbral mínimo de participación, pervirtiendo incluso el principio de la mayoría que estipula que es el 50+1 de los votos lo que confiere cierta legitimidad democrática a un proyecto político.

En su visión infantil de la democracia, nunca han creído en la legalidad. La ley ha sido siempre un escollo a la llamada «voluntad popular». Pero a partir del 6 y 7 de septiembre quedó demostrado que tampoco creen en el principio de respeto a las minorías que define a cualquier democracia y garantiza la convivencia en las sociedad plurales.