Reset constituyente

Me contaba el otro día un buen amigo que entre agosto y septiembre de este año que ya termina, pasó cinco semanas de estancia en universidades chilenas. Allí pudo conocer a parte del profesorado dedicado al derecho público. Durante ese tiempo, ni una sola de las personas con las que tuvo relación, le predijo o aludió al actual proceso constituyente que vive el país del Cono Sur. Mentiría al lector si le dijera que este no era un tema recurrente entre la clase política, investigadora y parte de la ciudadanía: la Constitución actual data de 1980 y se elaboró y aprobó durante la dictadura de Pinochet. Pese a sus más de 20 reformas, su ideólogo -Jaime Guzmán- estableció una serie de quórums incluso para aprobar leyes ordinarias, cuya finalidad era impedir un normal desarrollo del pluralismo político. Este fenómeno se conocía popularmente como “los candados a la democracia”, motivo que llevó por ejemplo a la propia Bachelet a iniciar en 2015 un cambio de Constitución que finalmente fracasó. Tras las recientes y graves protestas, Chile parece que tendrá nueva Norma Fundamental.

En España ya hay algunas voces que anuncian otro proceso constituyente. A mí no me extrañaría nada, si no fuera porque la Unión Europea ha ido neutralizando la posibilidad de que en sus Estados miembros se produzcan revoluciones legales. Ahora bien, recordemos que en Hungría se produjo un fenómeno de este tipo para consolidar el poder populista de Orban en el año 2012. Como diría Ferrero, los genios invisibles de la legitimidad pueden haber abandonado ya la ciudad política española, dejando espacio para que cualquiera con el suficiente arrojo y números, decida proclamar a las Cortes Generales como parlamento constituyente. No será porque no tengamos ejemplos en la historia. Al fin y al cabo, no son pocos los profesores y partidos que consideran que el equivalente a los candados chilenos es el “atado y bien atado” que Franco expresó -creo- en una academia militar en Sevilla en el año 1969. Además, el procedimiento de reforma del art. 168 CE, necesario para modificar los aspectos más sustantivos de la actual Constitución (pensemos en la Corona o la atribución de la soberanía al pueblo español), son muy engorrosos y con quórums muy altos: pudiendo decidir por mayoría simple, para qué ajustarse a normas procedimentales que obligan a pactar y consensuar mayorías cualificadas.

En España las políticas constituyentes o de abuso de Constitución las han puesto de moda otra vez Podemos y sus confluencias (en parte, considero una expresión de esta tendencia todo lo ocurrido en Cataluña desde 2012). Algunos de sus dirigentes y simpatizantes participaron en los procesos de elaboración de Constituciones que se llevaron a cabo la pasada década en Venezuela, Ecuador y Bolivia. Pocos saben, por ejemplo, que el término “plurinacionalidad” viajó desde nuestro país para incrustarse al modo del viejo colonialismo académico en las Normas Fundamentales de los dos últimos países citados. Ahora hay que escuchar y leer que es una praxis jurídica y política normalizada en el derecho comparado, sin caer en la cuenta o reconocer honestamente que la moto se la vendimos primero nosotros. Sea como fuere, la tentación plebiscitaria es demasiado grande, y el garantismo constitucional que al modo de Anguita y la antigua Izquierda Unida vienen mostrando últimamente Pablo Iglesias y su partido, suena demasiado hueco como para olvidar que hasta hace 15 días estábamos en el Régimen del 78 y la segunda restauración borbónica.

También podríamos argüir muchos problemas prácticos de la actual Constitución: un Estado cada vez más disfuncional, una cuestión territorial que desborda por completo los límites del modelo autonómico, unos derechos sociales en decadencia o un sistema político que no se adapta al multipartidismo. Razones no faltan, desde luego. En mi opinión, sin embargo, estos déficit estructurales no serían el motivo de fondo para cambiar de Constitución: lo serían las nuevas religiones políticas que predominan en nuestra sociedad y que harían (nótese mi escepticismo) necesario adecuar la actual Constitución a los “factores reales de poder” a los que aludió Ferdinand Lasalle. Creo que saben de lo que hablo: el género, el derecho a decidir, el clima, la España vacía o el mito de la Transición inacabada. Todos estos asuntos no solo forman parte del mainstream de lo que antaño se llamaba opinión pública, algo de lo que hoy carecemos, sino que podrían encontrar solución en una nueva Constitución. Naturalmente, el lector puede intuir que esto no es verdad, que el constitucionalismo de supermercado o a la carta solo puede obedecer a lo contrario de lo advertido por el socialdemócrata alemán, esto es, a una concepción partidista e idealista de quienes impulsan un momento político virginal como arreglo de todos nuestros males seculares. Con franqueza les diré que una nueva Constitución sería infinitamente peor que la que tenemos, aunque solo sea por reconocer carencias generacionales de hondo calado. Pero eso da igual, bien sabemos que en España en ocasiones “nada suena más embriagador que la apelación a comenzar desde un principio”, como afirmaba Bloch en su Derecho natural y dignidad humana.

Tengan ustedes unas felices fiestas.