Radicalización en prisiones: una amenaza que no entiende de muros
«Debemos asumir que las consecuencias de los errores cometidos por estados vecinos no conocen de límites, aduanas ni fronteras»
“Si escondo un cuchillo de cerámica, pasa”. Tres meses antes del ataque yihadista del pasado mes de marzo en la prisión francesa de Conde-sur-Sarthe, Sarah enviaba este sms a Hanna. Ambas mujeres son parte de un grupo de seis esposas, de entre 18 y 40 años, que ven pasar el tiempo juntas en un apartamento en alquiler, no muy lejos del centro penitenciario al que acuden regularmente para visitar a sus esposos. Su estrecha afinidad tiene un origen común: tienen a sus maridos en prisión; radicalizados. aunque no todos hayan llegado allí por hechos ligados al terrorismo. Dicho de otro modo: forman parte de los más de 1.100 presos comunes que el gobierno considera radicalizados dentro de las cárceles francesas.
La complicidad entre los cinco detenidos y sus seis esposas -uno de ellos tiene dos porque practica la poligamia- es tal, que éstas logran sincronizar las agendas de los presos para coincidir en pequeños grupos durante las 72 horas que dura una visita en las UVF (unidades de vida familiar). Estas unidades -apartamentos dentro de las instituciones penitenciarias- permiten a ciertos detenidos compartir tiempo con sus familiares; actualmente hay en Francia algo más de 160 apartamentos como estos en 50 centros. El país vecino comenzó a experimentar con este modelo de visitas en el año 2000, aunque su práctica se generalizó en el año 2009. Tanto es así, que la ley penitenciaria del 24 de noviembre de ese mismo año dictamina que “cualquier detenido puede beneficiarse de, al menos, una visita trimestral en una UVF”.
El pasado 5 de marzo, cuarenta y cinco minutos después de la llegada de Hanane a esta unidad familiar en la prisión de Condé-Sur-Sarthe, su marido, Mickael C. atacaba con un cuchillo a dos guardas que resultaban heridos en lo que se consideró, desde un primer momento, un ataque terrorista. El detenido y su mujer se atrincheraron al instante en el apartamento. El asedio terminó con la intervención del RAID, la unidad de élite de la policía francesa, que abatió a la esposa y dejó malherido al preso. Hanane no estaba fichada. No obstante, ya hace varios años que los agentes penitenciarios alertan del nacimiento de nuevos nichos de radicalización en las contornos del sistema penitenciario.
“Las mujeres se hacen amigas a través de sus maridos, o en las salas de espera”, me contaba por primera vez en 2018 Vincent F., vigilante en una de las unidades especializadas en el tratamiento con presos yihadistas. De poco han servido los reiterados llamamientos a las autoridades por parte de sindicatos penitenciarios a este respecto. “Para ellos solo somos guardas y no tenemos ni idea de nada. Insisten en que nuestro trabajo acaba donde termina el muro de la cárcel. Y lo entiendo. Si el estado no es capaz de controlar lo que pasa entre rejas, ¿cómo vamos a vigilar lo que pasa fuera?” Tiene lógica.
La frustración en torno al estatus de funcionario de prisiones, a menudo despreciado por la propia sociedad francesa, ha ido creando en la última década una espiral de dejadez a la que resulta complejo encontrar solución. Los agentes, cada vez más expuestos a ataques de excombatientes o de presos radicalizados dentro de las mismas prisiones, no esconden su escepticismo ante los programas de reinserción y afirman (off the record) que no pretenden salvar el mundo ni jugarse el cuello por poco más de 1.500 euros al mes.
El caso del ataque en la cárcel de Condé-Sur-Sarthe, del que se han conocido escasos detalles recientemente, revela un eslabón más en la extensa lista de errores que Francia continúa cometiendo en prevención de la radicalización en prisiones. Resulta casi imposible medir la eficacia de los costosos programas de desradicalización, en tanto en cuanto el abandono de la ideología yihadista puede ser transitorio; puede ser real pero no irreversible y, ante el contexto de psicosis de un país traumatizado por la amenaza terrorista, puede evidentemente antojarse simplemente oportunista. Sea como fuere, conforme avanzan las investigaciones de los múltiples ataques yihadistas cometidos o frustrados dentro de las cárceles francesas, los ciudadanos intuyen que pensar en la prisión como una alfombra bajo la cual yacen meras cifras de sobrepoblación al margen del tejido social es, cuanto menos, ingenuo.
Los ataques perpetrados contra funcionarios del Estado francés, -forzados a gestionar en primera línea el impacto de una política antiterrorista de dudosa eficacia- son el más claro indicio de lo que podría ser, en menos de un lustro, el principal problema al que se enfrenta la sociedad en su conjunto: sólo en Francia, en los próximos tres años, 250 presos radicalizados podrán salir de prisión.
Urge asimilar esta realidad con los datos en la mano. Los autores de los ataques perpetrados en Europa durante el último lustro no han elegido sus objetivos en función de su nacionalidad: Abdelhamid Abbaoud -comandante de la ola de atentados que golpeó París en 2015- era belga marroquí; Mohammed Lahouaiej-Bouhlel, autor del atentado de Niza era tunecino, como también lo era el del atentado en Berlín Anis Amri; fue el alemán Christian Ganczarski el responsable del atentado perpetrado en la prisión de Vendin-Le Vieil, Francia, donde cumplía condena.
Debemos asumir que las consecuencias de los errores cometidos por estados vecinos no conocen de límites, aduanas ni fronteras. La factura a pagar por el dilema al que se enfrenta Francia tendrá un impacto sobre todos los países europeos. Dicho de otro modo: si la amenaza es global, los fracasos ajenos nos repercutirán como si fueran propios.
