No se trata del pin parental

Vox[contexto id=»381728″] ha logrado un resonante éxito al plantear la cuestión del pin parental. La formación ha exigido al gobierno de Murcia la aprobación de este mecanismo de control de los contenidos educativos como condición para la aprobación de los presupuestos regionales. El Gobierno, nacional a su pesar, ha reaccionado amenazando al gobierno regional con llevar esa medida ante los tribunales. Y lo hace desde la confianza que le otorga su ideología, intachablemente socialista, que proscribe la objeción de conciencia y proclama que es el Estado, y no los padres, quien debe inculcar el catecismo del buen ciudadano a los niños.

La conversación ha girado sobre si los padres tienen derecho a ser unos carcas y cegar a sus hijos sobre el diverso modo en que se arrejuntan los españoles, o si el Estado tiene derecho de conducir a nuestros hijos a la homosexualidad desde la más tierna infancia. El asunto está, creo, muy desenfocado. Los contenidos complementarios a los que se refiere el mecanismo de veto de los padres forman parte de la programación anual que se aprueba en septiembre. No me parece mal que los padres puedan vetar selectivamente esa parte adicional del curriculum, pero en última instancia podría conducir a situaciones que podemos considerar absurdas.

Vox, en cualquier caso, ha logrado plantear una de esas cuestiones que solo te benefician. Según una encuesta de El Español, el 57% cree que los padres tienen derecho a vetar contenidos educativos que consideren nocivos o inadecuados para sus hijos. El Partido Popular no sabe cómo responder a esta propuesta sin mostrar que no acaban de creer en la libertad educativa de los padres y el Gobierno se ve obligado a proclamar con energía que nuestros hijos son en realidad suyos.

Por eso hay que reconducir el debate. Es necesario plantear qué se enseña y qué no en las escuelas. Y, en definitiva, hay que plantear qué instrumentos son efectivos para que los padres retengan el control sobre la educación que quieren dar a sus hijos. El Estado, que se coló en las aulas diciendo que estaba ahí para ayudar a los padres sin recursos a que educasen a sus hijos, acaba siempre cobrando en almas sus favores económicos. La educación no debería caer en el ámbito de decisión de las Comunidades Autónomas. ¡Mucho menos en las de un Estado centralizado, como pide Vox con escandalosa estupidez! Mejor que cada ayuntamiento decida su propia política, y que los padres puedan elegir la educación de sus hijos con solo cambiar de municipio.