Una sesión bajo control

El presidente Sánchez está por permitirse —y será que puede— una actitud de indiferencia en las sesiones de control al Gobierno. Llegan los miércoles y el Congreso se convierte en un ballroom del que él saldrá en unos minutos mientras, ya con la mano en el pomo de la puerta, van llegando preguntas o interpelaciones más útiles para desnudar —a deshoras— la faz del Ejecutivo. Sentado en el banco azul, a Sánchez se le intuyen ausencias mentales —se mira las uñas mientras pasan los ángeles— y cuando tiene que contestar se arranca con desdén o con pequeños estallidos de ira. A esta situación de confort y holgura contribuyó ayer el presidente del PP, Pablo Casado, romo en la forma y en el contenido, ineficaz en la construcción de su propia personalidad política. Casado desaprovechó su giro institucional, su guante pactista tras la reunión en Moncloa del lunes y acabó zurciendo un retal retórico de la crisis de Venezuela —los posibles indicios de delitos del desahogado ministro Ábalos— con los tres millones de desempleados españoles: la pregunta quedó como una pizza hawaiana. El presidente lo resolvió por bajo, le acusó de mentir, desgranó datos parciales sobre la evolución del paro, evitó señalar el estancamiento en el mercado laboral y obvió que la Seguridad Social dejó de contar con 240.000 afiliados en enero. “Van a volver a emplear las mismas recetas fracasadas y traerán más despilfarro y más paro (…); Si quiere abandonar el extremismo, siéntese con nosotros a dialogar la mayoría moderada”, reclamaba Casado cuando la mañana había empezado y casi había pasado.

Sánchez tuvo que esforzarse algo más con Inés Arrimadas, cuyo tono monocorde limita la potencia de sus preguntas. El presidente ni se empleó en ningún dato de la portavoz de Ciudadanos (récord de enchufados en los ministerios, incremento de un 37% en el número de asesores, de un 40% en el número de altos cargos, nombramiento partidista de los órganos institucionales —CIS, RTVE—, colocación de amigos en empresas públicas —Paradores, Correos—, manipulación de la Justicia…).

“¡Y ahora acaba de fulminarse al presidente de Efe, quien se negaba a que la agencia de noticias estuviera al servicio del PSOE!”, esgrimía Arrimadas ante Sánchez, El Fulminador. Decimos que Sánchez no negó nada porque ha optado por el desprecio a Arrimadas recordándole, cuando toca y no, la increíble mengua del partido liberal en el Congreso, de 57 a 10 representantes. Claro que el grupo naranja exhibe su recogida dimensión en los aplausos: sus diputados hacen esfuerzos por sostenerlos y prolongarlos, pero son engullidos en el silencio del resto del hemiciclo. Cuando se hace un paneo a la derecha, junto a la bancada de Ciudadanos aparece Alberto Casero (exalcalde de Trujillo), quien estará tentado de aplaudir, al menos por vecindad.

La vicepresidenta Calvo se quejó de que Álvarez de Toledo le había cambiado la pregunta, pero acabó contestándola, con un gesto de condescencia. La pregunta registrada era “¿cuáles son los próximos pasos que piensa dar el Gobierno para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos durante el debate de investudura?”, que, leída por la portavoz del PP, se tradujo en “¿cómo puede explicar la reforma del Código Penal para contentar a los socios independentistas del Gobierno?”. Calvo fue a lugares comunes y acusó al PP de haber abandonado su condición de partido de Estado. Fue unas horas más tarde, en la interpelación de Ortega Smith al ministro Marlaska cuando el Ejecutivo se vio en más dificultades para explicar el uso de la Fiscalía, al servicio de alcanzar objetivos políticos y mantener la superviviencia del propio gobierno.

Calvo y Álvarez de Toledo son una pareja de estilos antitéticos; la otra, es la de García-Egea e Iglesias. El vicepresidente aparece desvaído, alejado incluso del micrófono, con un tono susurrante y siempre lo llama Don Teodoro: Don Teodoro por aquí, Don Teodoro por allá, subrayando un nombre propio al que trata de darle aires de terrateniente de casino. Ambos se ríen con sus cosas. No obstante, el encontronazo de Iglesias fue con Mireia Borrás, de Vox, quien le preguntó sobre la acción de su Gobierno para investigar los casos de corrupción de menores de Baleares. Iglesias fue elevando el tono, primero exigiendo sacar de la confrontación partidista el suceso; después recordando los abusos de la Iglesia católica y, al fin, llegando al “fascismo”. La postura de Vox —que preguntó apelmazando los datos ante la ausencia de diligencia de las administraciones para frenar los abusos— “es repugnante incluso para un fascista”, dijo Iglesias, apretando el botón rojo.

Sin embargo, la cuestión más práctica y mejor argumentada la hizo Elvira Rodríguez, del PP, y con larga experiencia en la elaboración de presupuestos estatales: los datos que atisba el Gobierno señalan una política errática frente al déficit, al desempleo y al crecimiento. Rodríguez le recordó a la ministra de Hacienda que se trataba de la Ley más importante en democracia y le afeó que el Ejecutivo llevara su tramitación a septiembre, cuando ya tendría que estar preparando las cuentas de 2021. En este punto fundamental, el Gobierno no parece tener plan. “Espero que el presupuesto pueda venir pronto a la Cámara”, musitó Montero.