Vicios legales

En uno de los últimos sanedrines políticos antes del encierro, compartí con mis compañeros la preocupación por el descrédito que estaban sufriendo diversas instituciones democráticas por culpa del Gobierno. Con su finura habitual, los más partisanos me espetaron que peor fueron la Gürtel o la Púnica. Fue el momento preciso para pedir otra cerveza y exponer mi tesis en modo performativo: en democracia, como en la vida, es más saludable tener un vicio ilegal esporádico que un vicio legal sostenido en el tiempo. Si algo nos ha enseñado el sanchismo es que el respeto a la Ley no basta: hay comportamientos legales que alquitranan a diario el pulmón democrático.

Un delito juzgado y condenado no desacredita la democracia; si acaso la vigoriza. Pero los actos repudiables que quedan fuera de la esfera de lo punible erosionan el suelo democrático y la confianza en las instituciones. Lo hemos visto en Estados Unidos con Trump y lo vemos ahora en España: la calidad de una democracia puede empeorar sin tocar su andamiaje legal.

En el caso de España, es irónico que quienes más han denunciado una supuesta judicialización de la política señalen con escarnio el Código Penal ante cualquier reproche de sus actos: «Esto no es ilegal». Y no les falta razón: es legal proponer como Fiscal General del Estado a una ministra de tu Gobierno; es legal convertir la televisión pública en un órgano de propaganda y es legal despedir al director de la agencia Efe por no querer participar de esa propaganda; es legal poner al frente del CIS a un miembro de la Ejecutiva del partido, y es legal que este emplee su principal arma para moldear la opinión pública a gusto del Gobierno; es legal demonizar a la oposición y mostrarte como única alternativa moral o acusar a un alto tribunal de dictar sentencias injustas; es legal no dar el nombre de un proveedor que ha estafado millones al Estado. Todo muy legal; todo devastador para la democracia.

La ingenuidad nos condujo a algunos a pensar que la tragedia que nos ha golpeado contribuiría a mitigar ciertas licencias, pero ha sucedido lo contrario: la pandemia ha cronificado los vicios. Los portavoces y afines al Gobierno hablan de cainismo ante cualquier objeción. Y yo, que siempre he desconfiado de quienes creen ver el mundo a través de los ojos de Abel, les recuerdo que las acusaciones de cainismo son el cainismo. Por su parte, el Presidente del Gobierno sigue negándose a mirar a los ojos a los ciudadanos: no tiene el decoro de mirar a la oposición en el Parlamento, ni la valentía de responder a las preguntas de los periodistas. El Gobierno ofrece, a cambio, un espectáculo semanal donde el único que carece de filtro es el compareciente, deleitándose en prolijas explicaciones que afluyen sin cesar de un inagotable manantial de naderías.

Los vicios legales los audita la esfera pública, esa que el Gobierno busca debilitar extendiendo la idea de que está infectada de bulos. Pero en esta situación de excepcionalidad el ejercicio crítico de la ciudanía es clave. Porque del mismo modo que se transicionó de la Ley a la Ley, se puede transicionar de la Ley a la Nada.