Medieval chic

En España hay dos clases de políticos: los que han asumido el fin del Antiguo Régimen y a los que todavía les cuesta. En un país medianamente cuerdo, este último grupo lo integraría en exclusiva la derecha nacionalista: los homenajes a Isabel la Católica, el llanto por la derrota de los austracistas o los cantos twitteros a Santiago Apostol serían expresiones de folclore histórico marginales en la discusión pública. Lamentablemente, no es el caso: por desgracia, una parte de nuestra izquierda añora la Edad Media tanto como la derecha. Ximo Puig escribía a finales de junio: «Nos abolieron los fueros hoy hace 313 años. Pero al pueblo valenciano no lo pudieron abolir (…) Queremos recuperar el derecho civil valenciano». Y para confirmar que aquello no había sido una enajenación transitoria, hace unos días insistió con lo siguiente: «744 años sin Jaume I. Seguimos su camino». Si hemos convertido el feudalismo en algo progresista, no descartemos que la defensa de la Ilustración, la Revolución y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano sean pronto mantras reaccionarios. Del bohemian chic hemos pasado al medieval chic.

Esta deriva iliberal de la izquierda es un fenómeno global, aunque en nuestro país tiene la peculiaridad de engarzarse con los trastornos nacionalistas de siempre. El problema de la modificación de los marcos mentales es que pronto buscan asimilación institucional, y lo que hoy puede parecernos risible y folclórico puede convertirse en Ley. Evidentemente, no temo aún la restauración del derecho medieval, pero ya estamos viendo cómo -sobre todo en Estados Unidos- se extiende algo parecido a un credo religioso que concibe la discrepancia como amenaza, y castiga al ostracismo a los herejes. Al espíritu inquisitorial lo llaman «cultura de la cancelación», y este es una parte esencial de este nuevo movimiento que aboga por el ejercicio de una justicia social independiente -cuando no directamente enfrentada- a las instituciones liberales. Estas son percibidas como parte de una perniciosa estructura que somete a minorías, por lo que se encomienda a las turbas ejercer la presión social que limpie de apóstatas las instituciones educativas, medios de comunicación y otras organizaciones.

En noviembre de este año, los votantes de California tendrán la posibilidad de aprobar la Proposición 16,  a fin de enmendar la Constitución del Estado y revocar la Proposición 209 de 1996, que prohíbe la discriminación o trato preferencial a cualquier individuo o grupo por motivos de raza, sexo, color, etnia u origen nacional. Sí, han leído bien: se pretende revocar una enmienda que prohíbe la discriminación. La noción de igualdad que nos legó la Ilustración, y por la que la izquierda real batalló hasta descarnarse, se desvanece ante nuestros ojos. Nos queda el galope de Jaume I y ocho siglos de historia que reconstruir.