¿Quién acusó y condenó a Companys, president Torra?

Como cada año por estas fechas, la máxima autoridad del Estado en Cataluña, Joaquim Torra, ha vuelto a exigir al jefe del Estado y al presidente del Gobierno de ese mismo Estado que le pidan perdón por el fusilamiento en 1940 de Lluís Companys en el foso del castillo de Montjuich. A diferencia del XVIII, que fue el siglo de las Luces, el XXI va camino de ser el de los focos. Y en la era de los focos, es sabido, la cualidad básica de un argumento a fin de devenir eficaz no pasa porque apele a la razón e invite al pensamiento sino, bien al contrario, por su capacidad para incitar al llanto colectivo entre las audiencias audiovisuales. De ahí que la industria más rentable del planeta a estas horas resulte ser la de la victimización. Todo el mundo quiere ser víctima. Y por eso la eclosión de la moda ecuménica que consiste en reclamar penitencia a los contemporáneos por hechos acontecidos en otras épocas, incluso hace varios siglos. Así, no faltan hoy un sinfín de airados deudos putativos de Almanzor o de Moctezuma empeñados en reclamar justas compensaciones al actual Reino de España por agravios sucedidos cuando la Reconquista o la colonización de las Indias. Torra solo es uno más de esa colla. Ocurre, sin embargo, que la Ley de Memoria Histórica ya declaró la expresa ilegalidad, “al vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo”, de los Tribunales Responsabilidades Políticas y los Consejos de Guerra posteriores a 1939, así como la absoluta ilegitimidad de la totalidad de sus resoluciones.

Pretender, como ansía Torra, que se revise la causa contra Companys equivale, pues, a reconocer la vigencia jurídica de aquellas condenas ilegales. Si bien, y en el caso concreto de Companys, el Gobierno de España emitió en 2009 una declaración institucional de reparación expresa que hizo llegar a sus familiares vivos. ¿Por qué insiste entonces Torra en seguir manoseando el cadáver de Companys cada principio de septiembre? Lo hace movido por una razón obscenamente simple, a saber: para apuntalar en el imaginario colectivo catalán la ficción de que la guerra civil de 1936-39, al igual que la historia toda de la Península Ibérica desde el 11 de septiembre de 1714 hasta hoy, no fue más que otro episodio recurrente, el enésimo, en la conflagración crónica entre Cataluña y eso que él y los suyos llaman el Estado español. Una reescritura novelada del pasado cuyo guión canónico exige, por muy obvias razones de verosimilitud narrativa, que todos los malos sean castellanos y todos los buenos, catalanes. Porque en la historia-ficción alumbrada por el catalanismo institucional no puede, bajo ningún concepto, haber catalanes malos. Los catalanes, y por definición, tienen que ser todos buenos; todos, sin excepción. Por eso, jamás aparecen en la escena de la memoria oficial los catalanes que defendieron en su día, cuando la Guerra de Sucesión, la causa borbónica. Y mucho menos aún, claro, los catalanes que abrazaron, y con desbordado entusiasmo militante, la sublevación franquista tras el 18 de Julio.

Así pautado el guión, puesto que no podían existir franquistas catalanes, mucho menos podría haber, claro, catalanes implicados en la muerte de Companys. Pero resulta que sí los hubo. Y muchos, además. Catalán era, aunque Torra todavía simule no saberlo, el principal testigo de cargo que declaró contra Companys en la causa 23.468 entre los días 3 y 15 de octubre de 1940. Se trataba de cierto Josep Tàpies i Mestre, por más señas el padre del pintor Antoni Tàpies, uno de cuyos lienzos gigantes preside, para mayor sarcasmo, la sala oficial donde se reúne todas las semanas el Gobierno de la Generalitat. Igual que catalán era Carles Trías i Bertrán, un tío carnal del alcalde convergente de Barcelona Xavier Trías, quien por aquellas mismas fechas ejercía como jefe provincial del Movimiento en la demarcación de Barcelona. Y no menos catalán era el tercero de los testigos de cargo contra Companys, un tal Lluís Maria Balcells i Sert. También catalán, y por los cuatro costados, resultó ser el juez militar que instruyó la causa, el general Ramón de Puig. E igualmente catalán, el fiscal acusador, Antoni Rodríguez i Molins. Y el vocal del tribunal, el general de brigada Pompeyo Masferrer. Y el médico militar que asistió a las sesiones de la causa, Marià Callís i Farriol. Y aún había más, como el abogado nombrado defensor de Companys, el teniente de artillería Ramón de Colubí. O, en fin, un Antoni Fernàndez i Ferrer, antiguo funcionario de la Generalitat que también actuó como testigo de cargo contra el reo. Y Torra insistiendo. Para que luego digan que el teatro está en crisis.