En Cataluña han dado una medalla

Supe de Severo Bueno por primera vez siendo becaria en un periódico en Barcelona cuando en 2015 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obligó a la Generalitat a indemnizarle tras haberle sigo negado a su hija el derecho a la escolarización en castellano. Aunque no faltaron los honrosos reconocimientos al pleito ganado, lo cierto es que el oficio se lanzó a buscar lo que se denominan «cifras oficiales» de solicitudes de padres y madres que en Cataluña para escolarizar a sus hijos en una lengua oficial de la comunidad. El objetivo del dato, siempre pulcro, infalible y desinteresado no era otro que convertir un atropello democrático generalizado en irrisorio y acabar con todo atisbo de problemática. 2015. Supe entonces de Severo Bueno pero no le volví a recordar hasta que falleció la pasada semana y topé con las condolencias del jefe de la oposición en Cataluña y con el maravilloso adiós que le brindó Leyre Iglesias y que no me quito de la cabeza. Funcionarios sin nombre.

Además de frialdad, en las hemerotecas encuentra uno utilidad de vez en cuando y aún hoy la mayoría de crónicas que acompañan el nombre de Bueno lo hacen hablando de él como el «abogado del Estado antiinmersión» vinculando ese pleito histórico ganado al nacionalismo con sus actuaciones al frente del 1-O. Otro hecho obvio y también desinteresado que siembra la duda sobre la profesionalidad del servidor público. 

Seguramente porque el relato es algo que no mueve a quienes a la salvaguarda de la ley se deben, nadie más que la justicia procura que ellos lo ganen. Ayer se cumplieron tres años del brutal asedio a la Consejería de Economía en Barcelona, cuando una multitud de manifestantes independentistas se concentraron bajo la comandancia de los líderes de la ANC y Òmnium hoy condenados a prisión, entre otras cosas, por la exhibición de fuerza que el separatismo tuvo a bien llevar a cabo pocos días antes de la prueba de desobediencia final del 1 de octubre. Allí acudieron no para la defensa de su libertad de expresión sino para demostrar que su expresión podía coartar la libertad de los demás. Montserrat del Toro, secretaria judicial del Juzgado nº 13, tuvo que abandonar la sede de Economía de la Generalitat por la azotea durante el registro para proteger su integridad.

Al juicio por el 1-O, del Toro tuvo que acudir y testificar sin mostrar su rostro. No era la acusada pero seguía siendo la acosada por radicales separatistas mientras recibía acusaciones de «sobreactuación» por parte de ilustres colaboradores de la televisión pública. Hoy, tres años después, en Cataluña gobiernan los mismos que alentaron la protesta violenta del 20-S y reivindican la inocencia de quienes quisieron pasar por encima de servidores públicos como ella para pasarnos después a todos por encima. Porque ellos sí conmemoran y lo hacen desde el poder y con altavoces. Y conmemoran regalando medallas. Esta misma semana en Cataluña le han dado la Medalla de Oro de la Generalitat a Lluís Llach, cuya profesión obvio porque es por correligionario independentista que se la brindan. Llach afirmó aquel otoño fatídico que «los funcionarios sufrirán». Y en efecto, sufrieron la ira y el señalamiento. Pero siguen sufriendo hoy la coacción y aún más, la losa del olvido, mientras en España el Gobierno anda ocupado en buscar fórmulas para indultar por la puerta de atrás a los causantes de ese sufrimiento. En estos tiempos donde la memoria reciente vale menos que la histórica, servidores públicos como ellos no piden memoria, pero sí merecen, al menos, nuestro recuerdo. Porque medallas no tendrán.