Piedad frente a indulto

Después de tres años de cárcel de los principales promotores del 1-O y viendo la fractura generada en Cataluña por el procés, se podría pensar que la concesión de un indulto podría ayudar a superar la actual parálisis política, buscar la reconciliación y encarar con la mayor unidad posible el futuro próximo, marcado por la crisis económica derivada de la Covid-19.

Este escenario, sin embargo, es poco realista cuando se da la circunstancia de que son los propios nacionalistas quienes desdeñan la propuesta de indulto y se enrocan en la amnistía. Una petición que, además de ser imposible en nuestro ordenamiento jurídico, representaría la absolución -también moral- de sus responsabilidades ante los hechos del 1-O.

El separatismo no ha hecho autocrítica y su renuncia a la vía unilateral se asemeja bastante al escalofriante razonamiento que dio Arnaldo Otegi a Jordi Évole respecto al cese de la violencia de ETA: no era útil para sus objetivos. Es decir, una renuncia instrumental y separada de cualquier reflexión ética sobre cuáles son los medios aceptables para lograr unos fines políticos.

Ante esta ausencia de reconocimiento sincero de las normas democráticas, Pedro Sánchez debería replantearse su postura. Nadie discute que esta medida de gracia es plenamente constitucional, pero la garantía jurídica de reconocer a partidos que ni condenan la violencia ni a la vía ilegal a la secesión, no debería confundirse con el hecho político de validarlos como interlocutores políticos.

Estoy convencida de que una mayoría de catalanes quiere verles fuera de la cárcel, ya sea porque consideran que no han hecho nada o, simplemente, porque no se mueven con ningún espíritu de venganza. Y, a excepción del pobre preso común que no corre la misma suerte, al resto poco nos importa si les privilegian con el tercer grado antes de tiempo.

Muchos somos defensores de la piedad. Pero para el perdón, es decir, el indulto, debe haber arrepentimiento previo.

 

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