Jaque al rey

En mayo de 1931, pocas semanas después la proclamación de la II República, estalló una ola de violencia anticlerical que se saldó con la quema de un centenar de edificios religiosos, varios cementerios profanados y una grave destrucción de patrimonio artístico. Entre los defensores de la joven democracia, sólo la Agrupación al Servicio de la República condenó los hechos: «Quemar, pues, conventos e iglesias no demuestra ni verdadero celo republicano ni espíritu de avanzada, sino más bien un fetichismo primitivo o criminal que lleva lo mismo a adorar las cosas materiales que a destruirlas» (Gregorio Marañón, José Ortega y Gasset, R. Pérez de Ayala, diario El Sol, 11 de mayo de 1931). Pero la República no quería comenzar su andadura con una reacción represiva, y menos para proteger a una Iglesia que identificaba con el retraso moral y político de España. El propio Manuel Azaña despachó la cuestión con una famosa sentencia: «Todos los conventos e iglesias no valen la vida de un republicano». Azaña, cegado por la ilusión o el rencor, no entendió que proteger los conventos no habría sido un acto en defensa de la religión, sino de la democracia.

La historia, que como alguien dijo «no se repite, pero rima», nos pone hoy en una tesitura similar: no hay que defender al rey en nombre de la monarquía, sino del orden constitucional. Mientras siga siendo una pieza importante de nuestro edificio democrático, quien ataque al rey estará atacando al Estado. Y como, curiosamente, quienes quieren acabar con la monarquía son los mismos que quieren acabar con el Estado, no es de extrañar que el rey tenga a muchos republicanos de su parte. Evidentemente, nadie cuestiona la legitimidad de preferir la república sobre la monarquía parlamentaria, pero las preferencias personales no dan derecho a ignorar, mucho menos a atacar, el rol constitucionalmente atribuido al jefe del Estado.

La intervención de Lesmes en defensa del rey propició airadas reacciones de Pablo Iglesias y Alberto Garzón. El primero citaba en Twitter el artículo 1.2 de la Constitución: «La soberanía reside en el pueblo español». Este artículo no le parecía tan importante en octubre de 2017; ahora lo pasea por el mismo motivo porque el que lo ignoró entonces: para perjudicar al Estado. El vicepresidente pretende empequeñecer la figura de Felipe VI recordándonos que es rey, pero no soberano. Tiene razón, pero olvida con demasiada frecuencia que el Ejecutivo tampoco. Ni él, ni Sánchez, ni Puigdemont, pueden usurpar la soberanía de los españoles. Así que hasta que los españoles no decidan, en ejercicio de soberanía y según dicta la Constitución, dotarse de un modelo de Estado alternativo, el Ejecutivo debe limitarse a respetar el existente. El Tweet de Garzón no merece comentario; lo que más debe dolerle al rey es la mediocridad de sus detractores. Como escribió Valle-Inclán: «hay honor en ser mártir devorado por los leones, pero no coceado por los burros». En fin, uno nunca elige la calidad de sus enemigos.

El problema de la monarquía, claro, es que si el rey fuera Alberto Garzón I, no podríamos librarnos de él. Ante tan temible imagen, no debemos cerrarnos del todo a replantear el modelo de jefatura del Estado. Pero hasta entonces no olvidemos que nuestra democracia es plena, y que defenderla pasa hoy por defender la monarquía en sus términos constitucionales. Y algo más: atacar desde el Gobierno al jefe del Estado, e incluso plantear un cambio de sistema, con una pandemia descontrolada, y a las puertas de la mayor crisis económica y social que recordamos, da la medida exacta de lo que a algunos políticos les importan la salud y bienestar de sus gobernados.